Cuba registra 79 violaciones de derechos en cárceles y cuatro fallecimientos en septiembre, según ONG mexicana

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), una ONG con sede en México, informó que en el mes de septiembre se contabilizaron 79 violaciones de derechos humanos en establecimientos penitenciarios de Cuba y la muerte de cuatro reclusos, una cifra que evidencia la grave crisis sanitaria y de gestión carcelaria que vive la isla.

Violaciones registradas y patrones geográficos

Los datos provienen de 34 cárceles, campamentos de trabajo forzado y centros de instrucción penal repartidos en 12 provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud. Los focos de mayor incidencia fueron Camagüey, La Habana y Mayabeque, donde se concentraron los penales Kilo 8 y Kilo 7 (Camagüey) y la prisión de Quivicán (Mayabeque). De las 79 denuncias, 27 corresponden a la negación de atención médica y 26 a problemas de salud que se agravaron por la falta de cuidados. La alimentación deficiente, las restricciones a la comunicación y los traslados forzados completan el cuadro de abusos.

Casos emblemáticos: muertes bajo sospecha de negligencia

Entre los fallecidos destaca el preso político Florentino Morón Torres, detenido en la prisión provincial de Las Tunas, quien murió el 20 de septiembre en el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara tras sufrir un infarto en su celda y no recibir atención médica oportuna. Otro caso es el del interno Reinier Ramírez Domínguez, quien falleció en el Hospital Calixto García de La Habana diecisiete días después de obtener una licencia extrapenal; su estado estaba gravemente comprometido por la deficiente atención médica en prisión. En la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, dos reclusos murieron por falta de alimentación y desnutrición severa.

Los registros también señalan que los presos políticos son los más vulnerables: padecen enfermedades crónicas e infecciosas como tuberculosis, diabetes, asma, psoriasis y VIH. Figuran entre los más afectados el periodista independiente Henry Constantín, detenido en Camagüey, y los presos políticos Roberto Pérez Fonseca, Vladimir Castillo Llanes (Quivicán) y Ediolvis Marín Mora (Kilo 7).

Repercusiones y respuestas internacionales

El CDPC advierte que sus cifras representan solo una parte del total real, debido a la “opacidad sistemática del régimen cubano” que impide el acceso a observadores independientes y la publicación de datos oficiales. Entre marzo de 2024 y marzo de 2025 la ONG había documentado 60 muertes en cárceles cubanas, 47 vinculadas a la salud y la falta de atención médica, y 1.330 violaciones de derechos, entre ellas 402 casos de negación de asistencia sanitaria y 224 de deficiencias alimentarias.

En el plano internacional, organizaciones como Prisoners Defenders (Madrid) contabilizaron 1.260 presos políticos en abril, mientras que el gobierno cubano anunció en marzo la excarcelación anticipada de 51 reclusos como gesto hacia el Vaticano y, en abril, un indulto de 2.010 presos bajo la excusa de motivos humanitarios. Según Prisoners Defenders, solo 27 de los liberados eran presos políticos, lo que pone en duda la sinceridad de esas medidas.

Una mirada al pasado: la crónica de abusos en el sistema penitenciario cubano

El historial de violaciones en las prisiones de la isla no es nuevo. Desde la década de los 90, organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de infraestructura, la escasez de medicamentos y la sobrepoblación carcelaria como factores que alimentan la violencia institucional. En los últimos años, la situación se ha agravado por la crisis económica que atraviesa Cuba, lo que ha limitado aún más los recursos destinados a la salud y la alimentación dentro de los penales.

Para la comunidad cordobesa y argentina, el tema cobra relevancia porque muchos migrantes cubanos llegan a la región buscando refugio tras haber sido perseguidos o haber sufrido abusos en la cárcel. Asociaciones de derechos humanos de la provincia de Córdoba ya han solicitado a sus autoridades que presionen a La Habana para que permita la inspección independiente de sus establecimientos penitenciarios y garanticen la rendición de cuentas.

En conclusión, la denuncia del CDPC muestra que, pese a los anuncios de indultos y supuestos gestos humanitarios, la realidad carcelaria cubana sigue siendo una movida complicada que necesita una respuesta firme de la comunidad internacional y de los gobiernos latinoamericanos que mantienen vínculos con la isla.

Explora más noticias en nuestra sección: Mundo