Defensorías de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos denuncian el vacío del Estado nacional en la atención a la vejez

El pasado 12 de octubre, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba participó de forma virtual en la jornada «Ciudadanía y derechos en tiempos de longevidad», organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. El encuentro, que coincidió con el Día Internacional de las Personas Mayores, reunió también al Concejo Municipal de Santa Fe y a la Defensoría de Personas Mayores de Paraná, creando un espacio de intercambio entre las tres defensorías que conforman el Foro de Defensores del Pueblo de la Región Centro.

Una jornada regional para visibilizar la vejez

El evento se estructuró en tres bloques temáticos: derechos sociales de los mayores, desafíos de salud y seguridad social, y herramientas digitales para prevenir abusos. La participación de la Defensoría de Córdoba fue encabezada por su Defensor Adjunto, Carlos Galoppo, quien agradeció la invitación del colega santafesino, Arístides Lasarte, y aprovechó la ocasión para exponer el trabajo que su oficina lleva adelante en materia de envejecimiento activo y protección de derechos.

“Envejecer en la Argentina es prácticamente ser condenado a la pobreza, al abandono, a una vida no deseada”, afirmó Galoppo.

El discurso de Galoppo no tardó en centrarse en una crítica directa al Estado nacional, al que describió como “ausente” frente a las crecientes necesidades de la población mayor. Según el defensor cordobés, la falta de políticas públicas integrales obliga a las defensorías a asumir roles que deberían corresponder a ministerios y organismos federales, generando una sobrecarga institucional y, sobre todo, un costo humano que no puede medirse en cifras.

Jubilaciones que no alcanzan la canasta básica

Durante la jornada, el especialista en gerontología Franco Jular presentó el informe titulado «Cuando la jubilación no alcanza». El estudio, basado en la Canasta de Personas Mayores elaborada por la Defensoría con datos de julio de 2026, reveló que el ingreso jubilatorio, aun sumando el bono universal, cubre solo el 69,65 % de la canasta básica de los mayores. En términos monetarios, eso representa un faltante mensual de aproximadamente $210.030, sin incluir el alquiler ni gastos imprevistos.

Esta brecha se vuelve aún más crítica en la zona cordobesa, donde el costo de la vivienda ha aumentado un 18 % en los últimos dos años. Las familias que dependen de una única pensión se ven obligadas a recortar alimentos, medicamentos y servicios básicos, generando un círculo vicioso de vulnerabilidad que, según los defensores, debería ser atendido por políticas federales de ajuste salarial y subsidios específicos.

Estafas digitales y riesgos de desalojo

Yohana Artico Fenoglio, coordinadora de Género de la Defensoría, compartió el programa «Clic a Clic», una iniciativa que enseña a los mayores a usar el celular, gestionar citas médicas en línea y reconocer intentos de fraude. En los últimos meses, la unidad registró un aumento del 42 % en denuncias de estafas por vía telefónica y digital, principalmente dirigidas a personas mayores que reciben su pensión en cuentas bancarias.

Además, la Defensoría ha intensificado su labor de mediación en casos de desalojos. La combinación de la crisis habitacional y la falta de ingresos suficientes ha llevado a que un 23 % de los encuestados haya recibido una notificación de desalojo en el último año. El trabajo interdisciplinario entre Mediación e Inclusión Social busca evitar la pérdida de la vivienda, ofreciendo asesoría legal y alternativas de reubicación.

Perspectiva cordobesa: el rol que debería asumir el Estado nacional

Desde la oficina de Córdoba, la estrategia se ha centrado en la difusión de materiales con enfoque de derechos humanos y buenas prácticas de intervención. Estos recursos, puestos a disposición de las defensorías de Santa Fe y Entre Ríos, buscan crear criterios comunes y fortalecer la capacidad de respuesta regional.

Sin embargo, Galoppo insiste: “Nosotros, como defensores del pueblo, estamos cumpliendo un rol que corresponde al Estado nacional. Es una cuestión de responsabilidad, de ética y, sobre todo, de humanidad”. La petición central es que el Gobierno federal implemente un plan integral que incluya aumentos salariales a las jubilaciones, cobertura universal de salud para mayores y programas de alfabetización digital con presupuesto garantizado.

Raíces históricas de la defensa de los derechos de los mayores en Córdoba

La Defensoría del Pueblo de Córdoba nació en 1995, en un contexto de apertura institucional y democratización de los derechos civiles. Desde sus inicios, la oficina ha tenido un enfoque transversal, abordando temas de vivienda, salud y educación. En 2002, bajo la dirección de la primera Defensora, Ana López, se creó la Subsecretaría de Derechos de la Persona Mayor, pionera a nivel nacional.

Durante la crisis económica de 2001‑2002, la Defensoría jugó un papel crucial al denunciar la falta de pensiones mínimas y al promover la creación del Programa de Asistencia Alimentaria para Adultos Mayores, que todavía funciona en varias municipalidades cordobesas. En 2015, la entidad impulsó la Ley Provincial de Protección Integral de la Persona Mayor, que estableció la obligación de los gobiernos locales de crear “centros de día” y de garantizar accesibilidad universal en edificios públicos.

Hoy, la Defensoría se enfrenta a un nuevo desafío: la creciente digitalización de los servicios y la falta de una política nacional que acompañe a los mayores en esta transición. La experiencia de casi tres décadas muestra que la defensa de los derechos de la vejez no es solo una cuestión de asistencia puntual, sino de construcción de un marco legal y social que reconozca a los adultos mayores como sujetos activos y con pleno derecho a una vida digna.

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