Detuvieron a los presidentes de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros Especialistas de Córdoba: la trama de la Caja Previsional al descubierto

Este miércoles, bajo la orden del fiscal de Casos Complejos Enrique Gavier, la justicia cordobesa ejecutó cinco detenciones y nuevos allanamientos que alcanzaron a los máximos directivos de los colegios profesionales de la provincia. Entre los detenidos se encuentran Inti Manuel Smith, presidente del Colegio de Ingenieros Especialistas, y Nicolás Luis Paulín, presidente del Colegio de Arquitectos de Córdoba, junto a Luis Adán Calderón, Carmen Encarnación Rodríguez y Liliana Rosa Scaglia.

El mecanismo bajo la lupa: obras subdeclaradas y perjuicio a la previsión

La causa, que salió a la luz a principios de año, investiga un presunto esquema de administración fraudulenta dentro de la Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y de la Construcción de Córdoba (Ley 8.470). Según la hipótesis fiscal, la maniobra consistía en declarar artificialmente valores menores en obras de construcción, lo que reducía los aportes previsionales y las tasas que debían ingresarse a la Caja, mermando el patrimonio de la entidad y, en última instancia, el futuro jubilatorio de miles de profesionales.

El origen de la denuncia lo dio el propio ingeniero Jorge Santecchia, directivo de la Caja, respaldado por el abogado Miguel Ángel Ortiz Pellegrini. La investigación ya había generado allanamientos simultáneos el 6 de agosto en el sur de la ciudad y la intervención judicial de la entidad, dictada por el juez de Control José Milton Peralta, que estableció un régimen de coadministración mientras se esclarecen los hechos.

Razones de las detenciones: entorpecimiento y riesgo procesal

Aunque los cinco involucrados ya estaban formalmente imputados, la fiscalía elevó la gravedad de su situación al considerar que habían cometido actos de entorpecimiento de la investigación y habían incumplido condiciones de libertad impuestas previamente. Estas conductas, según los fiscales, aumentan el riesgo procesal y hacen indispensable la medida de detención para preservar pruebas y garantizar el desarrollo del proceso.

En paralelo, se abrió una nueva imputación contra Pablo Antonio Calapiña por presunto delito de encubrimiento, ordenando su identificación y declaración. La causa también tocó el ámbito político cuando, meses atrás, el entonces secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba, Diego Peralta, tuvo que apartarse de su cargo tras ser vinculado al proceso junto a otros directivos de la Caja como Gustavo Noé Mícolo y Ana Margarita Ruzycki.

Blindaje a la intervención: medidas de control sobre los colegios profesionales

Junto a los operativos policiales, la fiscalía emitió resoluciones complementarias para reforzar la intervención judicial. Entre las medidas destacan:

• Prohibición de asambleas: Se ordenó a los colegios profesionales y al Consejo de Control de Gestión que entreguen toda la información requerida y se les impidió convocar asambleas que pretendan modificar decisiones del órgano de administración mientras dure la intervención.
• Acceso total a registros y sedes: El interventor judicial, el contador Pablo Artino, recibió autorización para asistir a las sesiones del Consejo, inspeccionar sedes, consultar expedientes de obras, honorarios y trámites de nuevas construcciones, y entrevistar al personal administrativo.

El Ministerio Público Fiscal recordó que estas medidas y detenciones no constituyen una condena definitiva; los derechos constitucionales al debido proceso y la presunción de inocencia deben ser respetados en todo momento.

Impacto en la comunidad profesional cordobesa y en la economía local

El escándalo ha generado una profunda inquietud entre arquitectos, ingenieros y demás profesionales vinculados a la construcción. La Caja de Previsión es el principal instrumento de ahorro jubilatorio de estos sectores; cualquier pérdida de fondos afecta directamente el bolsillo de miles de trabajadores que dependen de esas prestaciones para su retiro. Además, la incertidumbre sobre la gestión de la entidad ha retrasado la aprobación de varios proyectos de obra, lo que repercute en la actividad constructiva de la ciudad y, por ende, en la generación de empleo.

Los colegios profesionales, además de perder a sus máximos dirigentes, enfrentan la tarea de reconstruir la confianza de sus afiliados. La prohibición de asambleas y el control estricto del interventor limitan temporalmente la capacidad de los colegios para tomar decisiones estratégicas, lo que podría retrasar la actualización de normativas, la organización de cursos de capacitación y la defensa de intereses colectivos.

Un vistazo histórico: la Caja de Previsión y su rol en la Córdoba constructora

La Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y de la Construcción de Córdoba nació en 1972, en el marco de la reforma previsional que buscaba garantizar una jubilación digna a los técnicos y profesionales de la construcción. Desde entonces, la entidad ha administrado más de 150.000 afiliados, convirtiéndose en una pieza clave del desarrollo urbano cordobés.

Durante las décadas de los 80 y 90, la Caja financió la construcción de importantes obras públicas y privadas, desde edificios institucionales hasta barrios residenciales, apoyando la expansión de la ciudad más allá del casco histórico. Sin embargo, a lo largo de los últimos años se fueron acumulando denuncias de falta de transparencia y gestión irregular, lo que llevó a la intervención judicial en 2023.

Hoy, la investigación que ha culminado en las detenciones de los presidentes de los colegios profesionales representa un punto de inflexión. La sociedad civil y los gremios están pidiendo una reforma estructural que garantice mayor control interno, auditorías externas y participación activa de los afiliados en la toma de decisiones.

¿Qué sigue? El camino judicial y la expectativa de los profesionales

El proceso judicial continuará con audiencias que determinarán la responsabilidad penal de los detenidos y la posible reparación del daño causado a la Caja. Mientras tanto, los colegios deberán operar bajo la supervisión del interventor, manteniendo sus funciones esenciales pero sin la autonomía que antes disfrutaban.

Para los profesionales que dependen de la previsión, la prioridad es asegurar que los fondos no se pierdan y que la entidad recupere su credibilidad. La comunidad espera que la justicia no solo castigue a los responsables, sino que también establezca mecanismos que eviten la repetición de este tipo de fraudes.

En definitiva, la noticia marca un antes y un después en la historia institucional de la construcción cordobesa, y será el pulso de los próximos meses para observar si la reforma prometida logra consolidarse.

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