EE.UU. y aliados empujan una resolución de la ONU para llevar a Irán al Consejo de Seguridad por su programa nuclear

Washington, Londres, París y Berlín han acordado un proyecto de resolución que pretende remitir a Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU por incumplir el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). La propuesta será puesta a voto la próxima semana durante la reunión de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena, y abre una nueva ronda de tensiones que podría repercutir en la balanza comercial y la seguridad energética de Argentina.

El borrador de la resolución y sus protagonistas

El texto, elaborado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, exige que Irán declare la totalidad de su material nuclear y permita inspecciones sin restricciones. Según diplomáticos consultados por The Associated Press, la medida busca trasladar la responsabilidad a una instancia con poder de imponer sanciones vinculantes, como el congelamiento de activos internacionales. Sin embargo, la redacción todavía está en fase de negociación y podría recibir enmiendas antes de su presentación formal.

El proyecto también invita al director del OIEA, Rafael Grossi, a difundir la resolución a todos los miembros de la agencia y a los órganos de la ONU, reforzando la presión diplomática. En su último informe confidencial, Grossi advirtió que la negativa de Irán a permitir el acceso a sus instalaciones nucleares representa un “riesgo de proliferación” que debe ser abordado con urgencia.

El veto de Rusia y China: una pieza clave

Aunque la iniciativa cuenta con el respaldo de los principales países occidentales, su viabilidad está en jaque por el poder de veto de Rusia y China, aliados tradicionales de Teherán. Ambos países han manifestado su disposición a bloquear cualquier sanción que consideren una injerencia en la soberanía iraní. La historia reciente muestra que, cuando se ha intentado aislar a Irán en foros internacionales, Moscú y Pekín han actuado como escudo, lo que complica cualquier intento de imponer medidas coercitivas.

Esta dinámica no es nueva: en 2015, durante la negociación del JCPOA, los mismos dos países jugaron un rol decisivo para equilibrar la presión occidental. Ahora, con la escalada de los bombardeos de junio de 2025 y la interrupción de la comunicación entre Irán y el OIEA, el escenario se vuelve aún más delicado y podría prolongar una crisis que ya lleva más de un año.

¿Qué significa para la Argentina y la región?

Para la Argentina, la posible sanción a Irán tiene una dimensión económica que no se puede pasar por alto. El país importa una parte importante de su petróleo crudo de Oriente Medio, y cualquier medida que restrinja la capacidad de Irán para vender energía podría reverberar en los precios internacionales del crudo, impactando directamente en la balanza comercial de Córdoba y la nación. Además, la incertidumbre geopolítica suele traducirse en mayor volatilidad en los mercados de divisas, lo que complica la planificación de los exportadores de soja y maíz.

En el plano de la seguridad regional, la resolución podría reactivar debates en la OAS sobre la necesidad de una política de no proliferación más robusta en América Latina. Argentina, como signatario del TNP desde 1995 y con un programa nuclear pacífico, podría verse llamado a reforzar sus compromisos y a ofrecer mayor transparencia a la Agencia Internacional del Energía Atómica, lo que a su vez podría abrir puertas a nuevas colaboraciones científicas y tecnológicas.

Desde la perspectiva cordobesa, el sector energético local –con proyectos de gas licuado y de energía renovable en expansión – podría beneficiarse de una mayor estabilidad en los precios del gas natural, siempre que la sanción no desencadene una escalada que eleve los costos de importación. En otras palabras, la movida de Washington y sus aliados es una “frenada” que, si se maneja bien, podría evitar que la inflación se nos venga encima.

Eco histórico: la política nuclear en el Cono Sur

Argentina fue pionera en la región al desarrollar, en los años 80, un programa nuclear con fines pacíficos que incluyó la construcción del reactor RA‑6 en Buenos Aires. Ese proyecto, impulsado por la necesidad de diversificar la matriz energética, sentó las bases para la creación del Comisionado Nacional de Energía Atómica (CNEA) y para la participación del país en el TNP. Desde entonces, la política nuclear argentina ha estado marcada por la transparencia y la cooperación internacional.

Sin embargo, la historia muestra que los conflictos internacionales pueden repercutir en los proyectos locales. En la década de 1990, la crisis del Golfo y las sanciones a Irak provocaron una caída abrupta en los precios del petróleo, lo que obligó a la industria argentina a reorientar sus inversiones. Hoy, la posible sanción a Irán podría generar un efecto similar, obligando a los productores locales a buscar fuentes alternativas y a reforzar la inversión en energías renovables.

En última instancia, la resolución que se discute en Viena no es solo una cuestión de diplomacia occidental; es una movida que podría reconfigurar la forma en que Argentina y sus vecinos manejan la seguridad nuclear, la energía y la estabilidad económica. La clave estará en cómo los gobiernos locales, los sindicatos y las empresas logren “laburar” juntos para transformar una amenaza externa en una oportunidad de desarrollo sostenible para la región.

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