Escombros y deudas: el legado de las construcciones chinas que colapsaron en La Guaira tras el sismo de junio 2024

El 24 de junio de 2024 dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela, dejando más de 6.500 muertos y una cifra de desaparecidos que supera los 1.500. La mayor parte de la tragedia se concentró en La Guaira, donde bloques de viviendas construidos bajo convenios con empresas chinas se convirtieron en montañas de escombros, reavivando una polémica sobre la opacidad de los contratos y la falta de supervisión estatal.

El doble sismo que devastó La Guaira

Los temblores, separados por apenas 30 segundos, tuvieron su epicentro cerca de Catia La Mar, a una profundidad de 10 kilómetros, lo que amplificó la intensidad de la sacudida en la zona costera. En cuestión de horas, los servicios de emergencia se vieron abrumados: hospitales colapsados, cortes de energía en Caracas y una marea humana que buscaba refugio entre los restos de edificios que, hasta hace pocos años, se anunciaban como hogares dignos para miles de familias.

El saldo inicial, divulgado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y los organismos venezolanos, indicó al menos 32 muertos y 700 heridos, pero pronto se confirmó que la verdadera magnitud del desastre superó ampliamente esas cifras, alcanzando los 6.509 fallecidos y 1.579 desaparecidos, según los últimos reportes oficiales.

Construcciones chinas bajo la lupa

Lo que más llamó la atención de los peritos fue la fragilidad de varios complejos habitacionales de alrededor de 1.100 unidades en La Guaira, erigidos con rapidez mediante alianzas entre el gobierno chavista y compañías chinas como Citic Construction Co. Ltd. y China CAMC Engineering Co., Ltd. La falta de planos accesibles y la escasa supervisión civil dejaron a los residentes sin garantías de seguridad estructural.

Documentos filtrados por Transparencia Venezuela y la investigación de Armando.info revelan que muchos de esos proyectos fueron financiados por el Fondo Conjunto Chino‑Venezolano, un mecanismo que vinculaba créditos chinos a la exportación de crudo venezolano a precios muy por debajo del mercado. A cambio, Caracas entregaba contratos a precio cerrado a empresas chinas, con cláusulas de confidencialidad que impedían cualquier auditoría independiente.

Los contratos, firmados entre 2005 y 2018, incluían condiciones que obligaban a la empresa contratista a mantener en reserva toda información financiera y técnica, lo que hoy se traduce en un vacío de datos para evaluar la calidad de las obras. Además, la supervisión militar que acompañó a estos proyectos dificultó aún más la fiscalización civil.

Repercusiones para la región y la Argentina

Más allá del drama humanitario, el colapso de estas construcciones plantea preguntas críticas para la región. En Argentina, y particularmente en Córdoba, varias empresas de la cadena de suministro de materiales de construcción (cemento, acero y prefabricados) exportan a América Latina bajo contratos vinculados a la iniciativa Belt and Road. La falta de transparencia en los acuerdos chinos‑venezolanos sirve de alerta para los inversionistas argentinos que buscan participar en proyectos de infraestructura financiados por Beijing.

El aumento de la deuda externa de Venezuela, que supera los 50.000 millones de dólares bajo el esquema del Fondo Chino, también afecta los mercados financieros regionales. Los bancos argentinos que mantienen exposición a bonos soberanos venezolanos ven incrementado su riesgo crediticio, lo que podría traducirse en mayores costos de financiamiento para proyectos locales.

En el plano social, la tragedia ha reavivado el debate sobre la dependencia de la región respecto a la financiación china. Organizaciones de la sociedad civil cordobesa, como la Fundación del Área Metropolitana, ya están preparando informes que analizan la necesidad de fortalecer los controles estatales y la transparencia en los contratos de obra pública, para evitar que una catástrofe similar se repita en territorio argentino.

Entre sombras y deudas: la herencia china en la costa venezolana

La catástrofe de La Guaira no es solo una historia de escombros; es la evidencia tangible de cómo la combinación de financiamiento barato, falta de escrutinio y una política de confidencialidad puede terminar en tragedia humana y económica. Los expertos coinciden en que la reconstrucción requerirá no solo recursos financieros, sino también una auditoría exhaustiva de los proyectos existentes, para determinar cuáles pueden ser rehabilitados y cuáles deben ser demolidos.

En el contexto latinoamericano, el caso venezolano abre la discusión sobre la necesidad de marcos regulatorios que obliguen a la publicación de los términos de los contratos internacionales, especialmente cuando involucran a países con regímenes autoritarios. La presión de la sociedad civil y de organismos internacionales será clave para que futuros acuerdos no repitan los errores que dejaron a La Guaira en ruinas.

Mientras tanto, los sobrevivientes de La Guaira siguen esperando respuestas y asistencia. El gobierno venezolano ha anunciado la creación de una comisión de investigación, pero la comunidad internacional y los grupos de derechos humanos exigen que la auditoría sea independiente y que se garantice la reparación integral de las familias afectadas.

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