Latinoamericanos atrapados en la guerra: la cruda realidad del reclutamiento ruso bajo engaños

Amnistía Internacional puso al descubierto este jueves una red de reclutamiento que, bajo la fachada de ofertas laborales, está arrastrando a ciudadanos de Colombia, Cuba, Brasil, Perú y otros países latinoamericanos a los campos de batalla de la guerra entre Rusia y Ucrania. Según la ONG, los métodos empleados incluyen mentiras sobre salarios, ciudadanía rusa y trabajos civiles, lo que en muchos casos constituye trata de personas.

Cómo funciona la trampa: de la promesa de empleo al frente de guerra

Los testimonios recabados por la oficina regional de Amnistía para Europa del Este y Asia Central describen un proceso metódico. Los reclutadores publican anuncios en portales de empleo y redes sociales, prometiendo sueldos altos, visas de trabajo y, en algunos casos, la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa. Los candidatos, a menudo jóvenes con escasas oportunidades laborales en sus países, se ponen en contacto con “agentes” que los dirigen a centros de entrenamiento en territorio ruso.

Una vez en Rusia, los reclutas son trasladados a instalaciones conocidas como “Centros Avangard”, donde la capacitación militar se vuelve obligatoria. En el caso de Pedro, un brasileño de 22 años, la oferta surgió mientras trabajaba como programador freelance en Australia. Creyó que se trataba de un puesto de soporte informático, pero en cuestión de semanas se encontró recluido en un campo militar, sin pasaporte ni teléfono, bajo la amenaza de muerte si intentaba escapar.

Historias de la ruta: de la oferta en línea al conflicto armado

Jorge, un colombiano de 23 años, encontró en 2025 un anuncio de empleo que lo llevó a Ufá, capital de Bashkortostán. Lo que le prometieron como trabajo civil se transformó en la entrega de un fusil de asalto y un uniforme militar en un polígono declarado. Luis, otro colombiano con experiencia militar, recibió una oferta de seguridad en una zona ocupada de Ucrania, sin saber que su “trabajo” implicaba combate directo.

Los cubanos también aparecen en el informe. Enrique, de 18 años, aceptó un contrato con las fuerzas armadas rusas después de que un compañero le asegurara que la firma le otorgaría el pasaporte ruso. Tras 20 días de instrucción en Lugansk, fue capturado en septiembre de 2026. Rubén, otro cubano, fue condenado por posesión de drogas en Moscú, pero la cárcel le ofreció la posibilidad de firmar un contrato militar a cambio de la reducción de su pena y la promesa de ciudadanía.

El impacto económico y social en la región

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú confirmó que al menos 459 peruanos fueron captados por Rusia; 11 han muerto, 114 están desaparecidos y tres son prisioneros en Ucrania. La Cancillería ha logrado repatriar a 27 compatriotas, pero la incertidumbre persiste. En Colombia, las agencias de reclutamiento cobran más de 2.000 dólares por cada nuevo recluta, una cifra que supera el ingreso mensual de muchos trabajadores informales.

Para las familias, la desaparición de un hijo o hermano implica la pérdida de ingresos, la angustia de no saber su paradero y la dificultad para obtener asistencia consular. En muchos casos, la burocracia y la falta de información dificultan la repatriación o la reparación económica.

Respuesta internacional y llamados a la acción

Amnistía Internacional insta a los gobiernos cuyos ciudadanos puedan estar en riesgo a lanzar campañas de prevención, advertir sobre ofertas laborales fraudulentas y perseguir a los intermediarios. La ONG también pide que se evite criminalizar automáticamente a las víctimas de trata, aunque se investiguen posibles delitos cometidos bajo coacción.

La comunidad internacional debe cooperar para que los responsables rindan cuentas, ya sea a través de sanciones, procesos judiciales o mecanismos de seguimiento de derechos humanos. Mientras tanto, la presión sobre Rusia para que cierre estas redes de reclutamiento sigue siendo un tema pendiente en foros como la ONU y la OEA.

Raíces de la trata de personas en el contexto latinoamericano

La trata de personas no es un fenómeno nuevo en América Latina; durante décadas, redes criminales han explotado la vulnerabilidad económica y migratoria de la región. En los últimos años, la crisis económica generada por la inflación y el desempleo ha intensificado la búsqueda de oportunidades en el exterior, lo que alimenta la demanda de reclutadores que prometen trabajos bien remunerados en Europa o Asia.

En países como Colombia y Perú, la informalidad laboral supera el 50 %, y la falta de acceso a créditos o programas de capacitación deja a los jóvenes sin opciones reales. Este caldo de cultivo facilita que promesas de empleo en el extranjero se conviertan en trampas mortales. La migración irregular, a su vez, dificulta la trazabilidad de los casos y complica la intervención de las autoridades.

Históricamente, la región ha sufrido oleadas de trata vinculadas a la industria del trabajo doméstico, la minería ilegal y el tráfico sexual. El actual reclutamiento forzado para el conflicto ucraniano representa una nueva cara de un problema estructural, donde la geopolítica mundial se entrelaza con la precariedad local. La respuesta debe combinar políticas de prevención, protección consular eficaz y cooperación internacional para desmantelar las redes que se alimentan del sufrimiento de los más vulnerables.

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