Lenín Moreno condenado a cinco años de prisión por sobornos de Sinohydro: el caso que sacude la inversión china en América Latina

El ex presidente de Ecuador, Lenín Moreno (2017‑2021), fue sentenciado el viernes a cinco años de cárcel por el delito de cohecho, tras ser hallado culpable de recibir sobornos vinculados al financiamiento de la central hidroeléctrica Coca‑Codo‑Sinclair, obra ejecutada por la empresa china Sinohydro. El fallo, dictado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ), también impone la incapacidad perpetua para ejercer cargos públicos, cerrando una de las etapas más controvertidas de la política ecuatoriana reciente.

El fallo judicial y sus detalles

Según la resolución, Sinohydro canalizó más de un millón de dólares a un círculo empresarial estrechamente ligado a Moreno, que a su vez distribuyó el dinero entre sociedades pantalla y familiares directos del ex mandatario. Entre los condenados se encuentran su esposa Rocío González, su hija Irina, sus hermanos Edwin y Guillermo, y el ex embajador de China en Ecuador, Cai Runguo. Mientras que la esposa y la hija recibieron dos años y medio de prisión, Moreno, Patiño y Runguo fueron sentenciados a cinco años.

Los jueces aceptaron la acusación de la Fiscalía, que sostuvo que de los USD 76 millones pagados por Sinohydro como supuestos sobornos, más de un millón fue destinado a Moreno y su entorno. La central hidroeléctrica, de 1.500 megavatios, entró en operación a fines de 2016 y fue formalmente recibida por el gobierno del presidente Daniel Noboa en abril de este año, pese a las miles de fisuras detectadas en su estructura.

Repercusiones políticas en Ecuador y la región

El veredicto marca la segunda condena judicial contra un ex presidente ecuatoriano por corrupción, siguiendo el caso de Rafael Correa, quien ha calificado a Moreno de “delincuente” y “sinvergüenza”. Moreno, que había denunciado el proceso como una “venganza” del correísmo, afirmó no haber recibido ni un solo centavo de Sinohydro y culpó al propio Correa de la trama. La sentencia, de primera instancia, abre la puerta a apelaciones y podría desencadenar nuevas investigaciones sobre la gestión de la hidroeléctrica durante la administración de Correa.

En el plano regional, el caso reaviva el debate sobre la transparencia de los contratos con empresas chinas en América Latina. Países como Perú, Bolivia y México han sido objeto de críticas similares por la supuesta falta de controles en obras de infraestructura financiadas por Pekín. La condena de Moreno podría servir de precedente para que otras jurisdicciones revisen sus procesos de adjudicación y refuercen los marcos anticorrupción.

¿Qué implica para la inversión china en América Latina?

Para la comunidad empresarial cordobesa y argentina, el caso tiene un eco directo. Córdoba, que ha visto crecer la presencia de compañías chinas en sectores como la energía, la agroindustria y la construcción, ahora se enfrenta a la necesidad de reforzar los mecanismos de due diligence y de supervisión de contratos internacionales. La posible percepción de riesgo reputacional podría frenar proyectos futuros o, por el contrario, motivar a los gobiernos locales a exigir mayor transparencia a los inversores chinos.

Además, el sector energético argentino está evaluando la viabilidad de grandes represas hidroeléctricas en la Patagonia y el Noroeste. El escándalo de Coca‑Codo‑Sinclair sirve como alerta sobre la importancia de auditorías independientes y de la participación de la sociedad civil en la planificación de obras de gran escala. En Córdoba, donde la Universidad Nacional de Córdoba lleva adelante investigaciones sobre energías renovables, el caso podría impulsar estudios académicos sobre la gobernanza de proyectos de infraestructura transnacional.

Lecciones y antecedentes del escándalo

El caso Sinohydro se inserta en una larga serie de denuncias de corrupción vinculadas a obras de infraestructura en América Latina. Desde los escándalos del “Petroaudios” en Perú hasta los procesos contra la constructora brasileña Odebrecht, la región ha experimentado una oleada de investigaciones que han desnudado redes de sobornos y lavado de dinero. En Ecuador, la hidroeléctrica Coca‑Codo‑Sinclair había sido promocionada como una pieza clave para la diversificación de la matriz energética y la reducción de la dependencia del petróleo.

Sin embargo, los informes técnicos publicados por la Contraloría General del Ecuador revelaron más de 17.000 fisuras en la estructura, lo que generó cuestionamientos sobre la calidad de la obra y la supervisión del proyecto. Moreno, durante su mandato, ordenó auditorías que detectaron esas anomalías, pero la polémica permaneció latente. La reciente sentencia, que obliga a Moreno y a sus familiares a devolver el triple del monto recibido, busca no solo castigar, sino también recuperar recursos para el Estado.

En última instancia, la condena de Moreno subraya la necesidad de fortalecer los sistemas judiciales y de control en la región. Para Córdoba, donde la lucha contra la corrupción ha sido una constante en la agenda pública, el caso sirve como recordatorio de que la vigilancia ciudadana y la transparencia son pilares esenciales para garantizar que los proyectos de infraestructura beneficien a la población y no a intereses particulares.

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