Nicaragua acumula al menos 161 desapariciones forzadas desde 2018: una sombra que también inquieta a la sociedad civil argentina

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU presentó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que documenta 161 casos de personas detenidas y ocultas por el Estado nicaragüense desde abril de 2018. De esos, 29 siguen desaparecidas a la fecha del 31 de agosto de 2026. El documento, titulado “Anatomía de la crueldad estatal. Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, advierte que el número real podría ser mucho mayor por el temor de las familias a represalias.

De secuestros relámpago a desapariciones prolongadas: la evolución del terror estatal

Al principio, las desapariciones en Nicaragua eran “de corta duración”, usadas como castigo rápido y como forma de intimidar a los familiares. Desde 2023, sin embargo, el patrón cambió: el Estado comenzó a retener a sus víctimas durante meses o incluso años, convirtiendo la práctica en una herramienta estratégica de represión. El informe señala que la ausencia de orden judicial, la negación oficial de la detención y la falta de información sobre el paradero de los detenidos son los pilares que facilitan este crimen.

Los casos más emblemáticos incluyen al periodista Víctor Ticay, desaparecido 67 días tras cubrir una procesión religiosa en Nandaime, y al profesor universitario Freddy Quezada, que estuvo 282 días sin saber su destino. Otros nombres, como el pastor Walner Blandón (270 días) y el poeta activista Carlos Bojorge (248 días), fueron liberados y expulsados en septiembre de 2024, pero la sombra de la incertidumbre persiste.

¿Por qué nos debería importar a los argentinos?

Argentina vivió su propia pesadilla de desapariciones forzadas durante la última dictadura militar (1976‑1983). La memoria de los 30.000 desaparecidos sigue presente en nuestras plazas, en los juicios y en la labor de organizaciones como la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Por eso, cada nuevo informe de la ONU que revela un patrón similar en otro país despierta una reacción de solidaridad y alerta en la sociedad civil argentina.

Organizaciones argentinas de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación por los Derechos Humanos (APRODEH), han condenado enérgicamente las prácticas nicaragüenses y han pedido al gobierno argentino que refuerce su presión diplomática. Además, la comunidad de exiliados nicaragüenses en Buenos Aires está organizando campañas de visibilización y recolectando firmas para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos abra un caso contra Managua.

En el plano económico, la inestabilidad generada por estas violaciones de derechos humanos afecta directamente a los inversores argentinos que operan en la zona, especialmente en el sector agroindustrial y de energía renovable, donde la seguridad jurídica es clave. Un clima de represión prolongada encarece los seguros y dificulta la planificación de proyectos a largo plazo.

El modus operandi de la desaparición forzada: cómo se lleva a cabo

Según el informe, las detenciones se realizan sin orden judicial en hogares, lugares de trabajo, calles, iglesias o durante operativos policiales simultáneos. En muchos casos, policías uniformados actúan junto a civiles armados, encapuchados o vehículos sin placas oficiales. Tras la captura, las autoridades niegan la existencia del detenido y remiten a los familiares de un organismo estatal a otro, sin ofrecer respuestas claras.

Esta ausencia de información impide que la víctima reciba defensa legal, supervisión médica o cualquier tipo de protección judicial. El documento subraya que la falta de acceso a agua potable, alimentación adecuada y atención médica convierte la desaparición forzada en una forma de tortura y trato cruel, inhumano o degradante.

Los familiares, por su parte, sufren una angustia permanente: no saben si sus seres queridos están vivos, dónde están ni en qué condiciones se encuentran. La ONU recalca que este sufrimiento prolongado constituye, a su vez, una violación de derechos humanos que afecta a toda la comunidad.

Eco de los años oscuros: cómo la historia argentina ilumina la lucha contra la impunidad en Nicaragua

La experiencia argentina con la búsqueda de justicia por los desaparecidos brinda lecciones valiosas para la comunidad internacional. Después de la caída de la dictadura, se creó la figura jurídica de la “desaparición forzada” y se impulsó la ratificación de tratados internacionales que obligan a los Estados a investigar y sancionar estos crímenes. La Corte Interamericana ha reconocido la desaparición forzada como una violación grave de derechos humanos, y los precedentes argentinos han sido citados en varios fallos.

Hoy, los defensores de derechos humanos en Nicaragua pueden apoyarse en la jurisprudencia argentina para argumentar que el Estado nicaragüense está incurriendo en crímenes de lesa humanidad. La presión de la sociedad civil, los organismos internacionales y los gobiernos vecinos, entre ellos el argentino, es crucial para que se abra una investigación independiente y se garantice la reparación a las víctimas y sus familias.

En última instancia, la lucha contra la desaparición forzada no es solo una cuestión de política exterior; es una cuestión de conciencia colectiva. En Córdoba, en Buenos Aires y en todo el país, cada vez que escuchamos que alguien desaparece sin dejar rastro, recordamos a los desaparecidos de la última dictadura y renovamos nuestro compromiso de que nunca vuelva a suceder, ni en Nicaragua ni en ningún otro lugar.

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