Nicaragua aprueba una reforma constitucional que elimina a la oposición y alarga el mandato presidencial

Managua, 12 de julio de 2026 – La Asamblea Nacional nicaragüense, en una sesión de primera legislatura, sancionó una reforma a la Carta Magna que prohíbe la participación de partidos opositores en futuras elecciones y extiende el periodo presidencial de seis a siete años. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, provocó una oleada de condenas de gobiernos latinoamericanos y organismos internacionales.

La reforma en detalle

El proyecto, presentado por el líder parlamentario del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Gustavo Porras, fue depositado simbólicamente en la tumba del poeta Rubén Darío, en la histórica ciudad de León, antes de la votación. “Entregamos este ejemplar ante su mausoleo como testimonio de la voluntad del pueblo”, declaró Porras durante el acto.

Entre los puntos más polémicos, la reforma excluye de la lista de candidatos a quienes el régimen califica de “golpistas” o “traidores a la patria”. También se incluyen a los opositores que viven en el exilio y que, según la Asamblea, “piden intervención militar de EE. UU. o sanciones”. Además, la norma amplía de seis a siete años los mandatos de los copresidentes, los jefes del Ejército y la Policía, y de cualquier cargo de elección popular.

Para que la enmienda entre en vigor, la Constitución exige su ratificación en una segunda legislatura, lo que ocurrirá a partir del 18 de enero de 2027.

Reacciones regionales y internacionales

La medida desató una respuesta inmediata de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que convocó una reunión de cancilleres para analizar la situación. Representantes de Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay, junto al secretario general de la OEA, Alberto Ramdín, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, expresaron su rechazo o profunda preocupación.

Washington instó a la comunidad internacional a aislar al gobierno nicaragüense, mientras varios países centroamericanos y sudamericanos calificaron la decisión como un retroceso democrático irreversible. La Unión Europea también emitió un comunicado denunciando la “erosión de los principios democráticos” en Managua.

Implicancias para la democracia y la economía

Para los cordobeses y el resto de los argentinos, la noticia tiene un eco directo en la región. La imposibilidad de competir en elecciones debilita la confianza de inversionistas extranjeros que ya miran con recelo a los mercados centroamericanos. En Córdoba, empresas del sector agroalimentario que exportan a Nicaragua podrían enfrentar barreras comerciales y mayores riesgos de expropiación.

Además, la ampliación del mandato presidencial genera incertidumbre sobre la estabilidad política a largo plazo, lo que complica cualquier plan de inversión o cooperación bilateral. En el contexto de la crisis económica que atraviesa Argentina, cualquier señal de autoritarismo en países vecinos se traduce en un “laburo” más complicado para los exportadores y para la política exterior del gobierno argentino.

Eco de la represión: raíces históricas de la política nicaragüense

La actual reforma no es la primera alteración de la Constitución bajo el mando sandinista. En 2024, el oficialismo ya había extendido el periodo presidencial de cinco a seis años y había elevado a Rosario Murillo al rango de copresidenta. Ese mismo año se pospusieron las elecciones previstas para finales de 2026, trasladándolas a principios de 2027, bajo el pretexto de “garantizar la continuidad del proyecto revolucionario”.

El origen de la actual crisis se remonta a la ola de protestas de abril de 2018, cuando la represión estatal dejó más de 300 muertos, según la ONU, y provocó un éxodo masivo de nicaragüenses. El gobierno de Ortega describió esas manifestaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por EE. UU., una narrativa que ha sido utilizada para legitimar medidas cada vez más restrictivas.

Hoy, con Ortega a punto de cumplir 81 años y Murillo 75, el país vive una “movida” que parece alejarse de cualquier apertura democrática. La prohibición de la oposición, sumada a la extensión del mandato, consolida un modelo de poder que recuerda a regímenes autoritarios de la década de los setenta, y plantea un desafío para la comunidad internacional que busca mantener la estabilidad en el Istmo.

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