ONU califica como “situación indefendible” el panorama de derechos humanos en Nicaragua tras la reforma constitucional

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, lanzó este miércoles un fuerte llamado de atención: la situación de los derechos humanos en Nicaragua es “absolutamente indefendible”. En la presentación de su informe anual, Türk describió el “secuestro casi total de las instituciones del Estado” por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el abuso sistemático del poder que ha dejado a la mayoría de los nicaragüenses sin recursos frente a violaciones y abusos.

Una reforma constitucional que cierra la puerta a la oposición

El documento llega apenas dos semanas después de que la Asamblea Nacional, totalmente controlada por el oficialismo, aprobara por unanimidad una reforma constitucional que impide a los opositores participar en próximas elecciones. La enmienda, votada el 1 de septiembre en León, amplía el mandato presidencial de seis a siete años y establece criterios de exclusión para quienes hayan “planificado un golpe de Estado”, sean calificados como “traidores a la patria” o soliciten “intervención militar” o “bloqueos económicos”. Además, consolida a Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, como copresidenta con amplias competencias sobre los órganos legislativo, judicial, electoral y de control.

Concentración total del poder y represión sistemática

Según el informe, el FSLN ostenta la mayoría absoluta en el poder legislativo, controla los 153 municipios y domina los dos consejos regionales de las regiones autónomas de la costa Caribe. Türk interpreta esa realidad como la expresión de un “contexto más amplio de poder político concentrado y la ausencia efectiva de una práctica democrática pluralista”. El texto también recuerda el punto de inflexión de abril 2018, cuando protestas contra reformas del sistema de pensiones fueron brutalmente reprimidas, dejando más de 300 muertos, según cálculos de la ONU.

Desde entonces, Ortega –que regresó al poder en 2007 tras su etapa en la década de los 80– ha sido reelegido en comicios cuestionados internacionalmente (último en 2021). La oposición se encuentra mayormente encarcelada o exiliada, y la reforma de 2026 pospone las elecciones generales previstas para noviembre de 2024 hasta finales de 2027, garantizando la continuidad del régimen.

Violaciones documentadas y cierre de la sociedad civil

El informe cubre el periodo de junio 2025 a junio 2026 y documenta al menos ocho desapariciones forzadas y cuatro muertes en detención atribuidas a autoridades nicaragüenses. Además, la oficina de Türk señaló que este año se cerraron cuatro organizaciones civiles más, elevando a 5 539 el número de entidades disueltas arbitrariamente en ocho años. En el ámbito mediático, se suman 56 clausuras de medios desde 2018, lo que, según el comisionado, deja “casi nada que cerrar”.

Türk instó a las autoridades a liberar de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente y advirtió que la comunidad internacional debe mantener la presión para evitar que la situación empeore.

Reacciones internacionales y el papel de Estados Unidos

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a la Asamblea de haber “destripado lo que quedaba de la democracia” y anunció que la próxima reunión ministerial de la OEA contemplará nuevas medidas contra el gobierno sandinista. La postura de Washington se suma a la de la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos que ya habían señalado la erosión de libertades civiles en el país centroamericano.

Raíces históricas del autoritarismo nicaragüense

Para comprender la gravedad del escenario actual, es necesario retroceder a la década de los 80, cuando el FSLN lideró la Revolución sandinista y estableció un gobierno de corte socialista. Tras la derrota contra la contrarrevolución de los Contras, el país vivió una profunda crisis económica y social que alimentó la polarización política. La vuelta de Ortega al poder en 2007 se dio bajo la promesa de estabilidad, pero rápidamente se tradujo en la concentración de cargos y la manipulación de las instituciones.

La reforma constitucional de 2026 no es un hecho aislado; es la culminación de años de cambios legislativos que han ido debilitando los contrapesos democráticos. La designación de Murillo como copresidenta refleja la estrategia de crear una dinastía política que garantice la permanencia del poder familiar, una práctica que recuerda a regímenes autoritarios de la región.

En el contexto cordobés, la noticia repercute en la comunidad de migrantes nicaragüenses que reside en la provincia, muchos de los cuales temen por su seguridad y por la posibilidad de regresar a un país donde la represión se vuelve cada vez más sistemática. Además, el cierre de medios y ONG nicaragüenses afecta la información que llega a los argentinos, complicando la tarea de organizaciones locales que buscan colaborar con la defensa de los derechos humanos en la región.

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