Pedro Alliana asume la Presidencia de Paraguay en medio del escándalo del colapso del Ueno Bank
Alliana toma mando en medio de protestas y una crisis bancaria que afecta también a inversores argentinos.

Pedro Alliana asume la Presidencia de Paraguay en medio del escándalo del colapso del Ueno Bank
Asunción, 7 de noviembre de 2026 – Pedro Alliana juró este viernes como presidente de la República del Paraguay mientras la policía ejecutaba una orden de detención contra su predecesor, Santiago Peña, destituido horas antes tras un juicio político impulsado por el desastre financiero del banco digital Ueno. La ceremonia tuvo lugar en el Congreso nacional, rodeada de manifestantes, fiscales y una atmósfera de tensión que no se veía en la política paraguaya en décadas.
Un juramento bajo presión policial
Alliana, de 52 años, ocupaba el cargo de vicepresidente y se convirtió en el mandatario interino para completar el mandato que finaliza en 2028. Mientras pronunciaba el juramento, agentes de la Policía Nacional ingresaron al domicilio de Peña en el centro de Asunción para notificarle la orden de arresto y colocarle la detención domiciliaria. Los manifestantes, mayormente jóvenes y pensionistas, coreaban consignas contra la corrupción y exigían la restitución de los ahorros perdidos en el colapso de Ueno, que había afectado a más de tres millones de clientes.
El nuevo presidente, en su discurso inaugural ante el Congreso, prometió “no dejar solos a los compatriotas que atraviesan este momento difícil” y ordenó medidas “inmediatas” para compensar a los ahorristas, con especial atención a los sectores más vulnerables. “No queremos tibios para esta misión”, enfatizó, dejando claro que la agenda será de acción concreta y sin excusas.
Medidas de urgencia y la restricción de viajes al exterior
Alliana anunció que su gabinete deberá limitar los viajes al extranjero a “razones impostergables”, una decisión que busca canalizar recursos hacia la recuperación interna y evitar la fuga de capitales. Además, se comprometió a recortar el gasto público superfluo, a reforzar la asistencia a los sectores más necesitados y a exigir a los ministros reportes diarios de sus gestiones, bajo la amenaza de sanciones si no cumplen.
El presidente también indicó que se crearán comisiones especiales para rastrear los fondos desaparecidos del Ueno Bank, que suman alrededor de 1.200 millones de dólares, y que se buscará la restitución total de los depósitos, incluidos los del Instituto de Previsión Social (IPS). Mientras tanto, los directivos del banco fueron trasladados a la principal prisión del país a la espera de juicio.
Impacto regional: la mirada de Córdoba y el bolsillo argentino
El derrumbe de Ueno no solo sacudió la economía paraguaya; también repercutió en la provincia de Córdoba, donde varios empresarios y pequeños ahorristas mantenían cuentas o inversiones en la entidad digital. Según la Cámara de Empresas Argentinas, aproximadamente 12 % de los depósitos de argentinos en Paraguay estaban vinculados a Ueno, lo que se traduce en varios cientos de millones de dólares en riesgo. La incertidumbre ha encarecido el costo de los créditos cruzados y ha generado una ola de consultas en los bancos cordobeses sobre la seguridad de los fondos en el exterior.
Los analistas de la Universidad Nacional de Córdoba advierten que la crisis podría traducirse en una caída de las remesas enviadas desde Paraguay a Argentina, afectando a familias que dependen de esos ingresos. Además, el sector agroexportador, que mantiene rutas logísticas entre ambos países, teme que la desconfianza en el sistema financiero paraguayo encarezca los seguros de carga y los costos de financiamiento.
En respuesta, el gobierno de Córdoba ha solicitado a sus autoridades financieras una coordinación directa con el nuevo presidente paraguayo, buscando garantías bilaterales que protejan los depósitos argentinos y faciliten la repatriación de capitales. “Tenemos que frenar la fuga y evitar que esta movida se convierta en una crisis regional”, comentó el ministro de Economía de la provincia.
El proceso político que llevó a la destitución de Santiago Peña
El Senado paraguayo votó 44 a favor de la condena contra Peña tras un trámite de dos días. El exmandatario, de 47 años, había presentado su renuncia el jueves, pero la dimisión no fue aceptada formalmente, dejando al país en un vacío institucional que se resolvió con la votación final. Los cargos presentados incluían conflictos de intereses, manipulación de la supervisión regulatoria, desvío de fondos de pensiones y participación en un encubrimiento institucional que involucró al Banco Central.
La diputada opositora Rocío Vallejo, quien lideró la acusación, subrayó que Peña “exponía a ahorristas y pensionistas al desfalco más grande de la historia del país”. La defensa del expresidente solicitó una prórroga para ejercer su derecho a la defensa, argumento que fue rechazado por el Senado, acusando al gobierno de violar el debido proceso.
Un poco de historia sobre la crisis bancaria en Paraguay
Ueno Bank, fundado en 2019 por el Grupo Vázquez, se posicionó rápidamente como una fintech de rápido crecimiento, ofreciendo cuentas digitales sin comisiones y atrayendo a jóvenes emprendedores. Sin embargo, su modelo de negocio dependía en gran medida de la captación de depósitos públicos y de fondos del Instituto de Previsión Social, lo que generó una vulnerabilidad estructural. En marzo de 2026, el Banco Central intervino la entidad al detectar incumplimientos de los requisitos de solvencia y una exposición excesiva a préstamos de alto riesgo.
La intervención provocó la paralización de los servicios, el cierre de sucursales virtuales y la congelación de más de 850 millones de dólares en depósitos. La reacción de los mercados internacionales fue inmediata, con una caída del peso paraguayo y una fuga de capitales que puso en alerta a los organismos financieros regionales.
Desde entonces, el gobierno paraguayo ha intentado estabilizar la situación mediante la garantía de la mayoría de los depósitos y la búsqueda de acuerdos con instituciones multilaterales. No obstante, la confianza de la ciudadanía sigue muy dañada, y la presión social para que se haga justicia y se devuelvan los ahorros es cada vez mayor.
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