Récord histórico de presos políticos en Cuba: 1.339 nombres que estremecen a la región

El informe mensual de Prisoners Defenders cerró agosto con 1.339 presos políticos registrados, la cifra más alta en décadas. Son 19 incorporaciones nuevas y siete bajas, lo que significa un aumento neto de 12 personas respecto a julio. En los últimos doce meses, del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026, la lista sumó 281 nuevos presos, un promedio de más de 23 casos al mes, marcando el pico más fuerte en tres años.

El aumento que rompe décadas

El crecimiento de la lista no es sólo numérico; es simbólico de una campaña de represión que se extiende a madres, hijos y comunidades enteras. Según el presidente de la ONG, Javier Larrondo, “reclamar agua o electricidad puede llevar a la cárcel”. La violencia se traduce en detenciones sin orden judicial, amenazas, sanciones económicas y la separación forzosa de familias. De los 1.339 detenidos, 155 son mujeres, un récord absoluto, y 38 menores fueron arrestados, de los cuales 14 siguen recluidos.

Historias que ponen el pulso a la represión

Entre los casos más emblemáticos está Doraikis Delgado González, madre de dos niños, detenida el 7 de julio por transmitir en vivo una protesta en Alamar, La Habana, donde vecinos exigían el restablecimiento de la electricidad. La mantuvieron en la Prisión de Mujeres de Occidente bajo el cargo de “difamación de las instituciones”. Además, padece hemofilia y las autoridades le negaron la atención médica necesaria.

Otro caso desgarrador es el de Sady Reynaldo Companioni, madre de una niña de seis años, arrestada el 28 de agosto en Lawton (Diez de Octubre) después de denunciar la falta de agua en su hogar. Fue llevada al “Centro de Torturas El Vivac” y, aunque liberada el 2 de septiembre, debe presentarse diariamente a firmar en una unidad policial, manteniendo a su familia en un estado de incertidumbre constante.

El caso de Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, muestra la crudeza del sistema: detenido sin orden durante las protestas de marzo en Morón contra los apagones, contrajo hepatitis en la cárcel de Canaleta (Ciego de Ávila) y, pese a su condición, las autoridades se negaron a trasladarlo a un hospital, manteniéndolo en la enfermería del penal.

Repercusiones para Córdoba y la Argentina

Para la comunidad cordobesa, la escalada de la represión cubana tiene efectos directos. El comercio de puros cubanos, muy demandado en bares y restaurantes de la capital provincial, se ve empañado por la denuncia de que gran parte de la producción proviene del trabajo forzado de presos. Además, organizaciones de derechos humanos de Córdoba, como la Comisión Provincial por la Libertad de Expresión, han intensificado sus campañas de presión sobre el Gobierno argentino para que reevalúe su política de acercamiento con La Habana.

El aumento de la represión también repercute en la diáspora cubana residente en la Argentina. Familias que habían emigrado buscando refugio ahora temen por la seguridad de sus parientes atrapados en la isla, lo que genera una ola de solicitudes de asilo y una presión sobre los tribunales de inmigración de la Provincia de Córdoba.

¿Qué dice la comunidad internacional?

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria ya había calificado arbitraria la privación de libertad de varios de los detenidos, entre ellos Ángel Serrano Hernández, quien fue golpeado y esposado en la Prisión de Trabajo Forzoso La Lima. A pesar de la condena internacional, el gobierno cubano sigue negando acceso a atención médica, como en el caso de Carlos Alberto McDonald Ennis, condenado a siete años mientras lucha contra un cáncer facial sin recibir tratamiento adecuado.

Una mirada al futuro y a la resistencia cubana

Los datos de Prisoners Defenders revelan que 463 presos padecen patologías médicas graves vinculadas a la falta de alimentación y malos tratos, y 54 presentan trastornos de salud mental sin tratamiento. La presión interna se intensifica: cada vez más ciudadanos cubanos se organizan en redes de apoyo, a veces a través de plataformas digitales que, aunque vigiladas, siguen siendo una vía para denunciar la situación.

En Córdoba, colectivos como “Cuba Libre Córdoba” han puesto en marcha mesas de diálogo con autoridades locales, intentando crear canales de información y asistencia a familias afectadas. La esperanza radica en que la visibilidad internacional obligue a La Habana a abrir espacios de negociación y a cesar la práctica de castigar a la población por demandas básicas como agua y luz.

Raíces de la represión y lecciones para el Cono Sur

La historia de la represión política en Cuba se remonta a los primeros años de la Revolución, cuando el Estado comenzó a confiscar propiedades y a silenciar a opositores. Con el paso de los años, el aparato de seguridad se profesionalizó, adoptando técnicas de vigilancia masiva y castigos colectivos que hoy se reflejan en la persecución de madres que reclaman servicios esenciales.

Para el Cono Sur, el caso cubano sirve como una advertencia sobre los peligros de normalizar la represión bajo la excusa de la soberanía. Países como Argentina y Uruguay han firmado acuerdos de cooperación en materia de derechos humanos que pueden servir de modelo para presionar a La Habana a respetar los derechos básicos de sus ciudadanos.

En última instancia, la lucha de los 1.339 presos políticos cubanos es también una lucha de la sociedad civil cordobesa y latinoamericana: exigir justicia, garantizar la atención médica y romper el ciclo de impunidad que ha permitido que la represión se perpetúe durante décadas.

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