Renuncias de alto nivel sacuden al Gobierno de Santiago Peña en medio del juicio político

Este viernes, tres de los colaboradores más cercanos del presidente paraguayo Santiago Peña entregaron su renuncia oficial mientras el Senado iniciaba la segunda jornada del juicio político que lo acusa por el colapso de Ueno Bank, la entidad que dejó sin acceso a sus ahorros a cerca de tres millones de ciudadanos. El jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez; el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno Rodríguez; y el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, firmaron los decretos de dimisión que el mismo ejecutivo difundió en sus redes.

Dimisiones en el gabinete: quiénes y por qué

Javier Giménez, quien había sido la mano derecha del presidente en la coordinación del laburo administrativo, abandonó su puesto tras apenas meses en el cargo, señalando que la presión política y la falta de espacio para maniobrar lo obligaron a dar un paso atrás. Por su parte, Roberto Moreno Rodríguez, el abogado que defendía la línea del Ejecutivo ante la justicia, renunció citando “la imposibilidad de garantizar una defensa adecuada” en un contexto donde el Senado había rechazado una prórroga de 72 horas para que Peña escogiera un abogado de confianza.

Enrique Riera Escudero, ministro del Interior, presentó su renuncia con fecha retroactiva al jueves, y será sustituido por el viceministro de Seguridad Interna y excomandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Los medios locales apuntan que Riera volverá a su banca de senador, cargo para el que fue electo en 2023, lo que le permitiría seguir influyendo en la política parlamentaria aunque ya no forme parte del gabinete.

El juicio político: etapas y repercusiones

El proceso, iniciado por la Cámara de Diputados bajo la acusación de “mal desempeño de sus funciones” y presuntos conflictos de intereses vinculados a Ueno Bank, avanza con una agenda que pone en jaque la continuidad del mandato de Peña. Si el Senado lo declara culpable, el expresidente perdería la inmunidad parlamentaria y el derecho a ser senador vitalicio, una figura que la Constitución paraguaya reserva a los exmandatarios que hayan concluido su período sin ser destituidos.

En caso de destitución, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría la Presidencia hasta el término del mandato en agosto de 2028. La posibilidad de un cambio de mando ha encendido los focos de los mercados financieros de la región; en Buenos Aires, los analistas advierten que una crisis institucional en Paraguay podría repercutir en la confianza de los inversores argentinos, complicando la financiación de proyectos de infraestructura que dependen del flujo de capitales sudamericanos.

Durante la sesión, el abogado defensor Ricardo Preda solicitó al Senado un plazo razonable para analizar la acusación, argumentando que el equipo jurídico no había tenido tiempo suficiente para estudiar el expediente. La solicitud fue rechazada, lo que intensificó la tensión en el recinto y generó protestas menores en los alrededores del Congreso.

Reacciones en la calle y la diplomacia

Manifestantes y fuerzas de seguridad se enfrentaron en pequeños incidentes frente al edificio legislativo. Los protestas, aunque contenidas, reflejaron el malestar de una población que vio cómo sus ahorros desaparecían tras el cierre de Ueno Bank, una entidad que bajo la gestión de Peña recibió recursos públicos significativos y que cayó bajo el 50 % de solvencia exigido por el Banco Central.

La embajada de Estados Estados Unidos en Asunción emitió un comunicado expresando su “solidaridad con el pueblo paraguayo” y pidiendo que se mantenga la paz y el respeto a las instituciones democráticas. La posición de Washington se suma a la de organismos internacionales que siguen de cerca la investigación del Ministerio Público, que allanó oficinas de Ueno Bank y confiscó documentos, computadoras y vehículos de lujo del exdirector ejecutivo Miguel Vázquez, ahora detenido por abuso de confianza y tentativa de estafa.

Para los vecinos de la región del Cono Sur, la movida no es solo una cuestión interna de Paraguay; la estabilidad política de Asunción afecta directamente a los flujos comerciales con la Argentina, especialmente en la provincia de Formosa y la zona de la Triple Frontera, donde muchos empresarios argentinos mantienen vínculos con bancos locales.

Antecedentes del escándalo bancario y su eco en la política paraguaya

El origen de la crisis se remonta al martes pasado, cuando el Banco Central de Paraguay ordenó la liquidación de Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % requerido. La entidad había recibido importantes inyecciones de capital provenientes de fondos públicos durante la gestión de Peña, lo que generó sospechas de conflicto de intereses y de una posible manipulación de estados financieros para mejorar su apariencia de salud económica.

Desde entonces, la Fiscalía General ha anunciado tres investigaciones penales que incluyen denuncias contra el propio presidente, su jefe de gabinete y varios directivos del banco. Los allanamientos realizados en la madrugada del viernes revelaron la magnitud de la presunta trama: se incautaron discos duros con registros contables, teléfonos móviles con comunicaciones internas y nueve vehículos de lujo que pertenecían a Miguel Vázquez, señal de que el caso trasciende la mera quiebra bancaria y toca fibras de corrupción institucional.

En la historia reciente de Paraguay, episodios de crisis bancarias han desencadenado cambios políticos profundos. La crisis del 1995, por ejemplo, llevó a la renuncia del presidente Juan Carlos Wasmosy y a una reforma del sistema financiero que tardó años en estabilizarse. Hoy, la población observa con recelo cómo se desarrollan los procedimientos, temiendo que la falta de una defensa jurídica adecuada para el presidente pueda agravar la desconfianza en las instituciones y generar una nueva ola de protestas que, como en otras crisis sudamericanas, podría cruzar la frontera y afectar la economía argentina.

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