Venezuela: la oposición y la ONG CLIPP exigen la derogación de la Ley contra el odio

El viernes la organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) volvió a presionar a la delegación opositora que mantiene diálogos con el chavismo, solicitando que gestione la eliminación total de la Ley contra el odio y de otras normas que, según la entidad, limitan derechos fundamentales en Venezuela. El pedido se dio a conocer a través de un mensaje publicado en la cuenta de X de la ONG, tras una reunión celebrada el jueves con representantes de la bancada opositora.

El pedido de la CLIPP y su contexto legal

En el comunicado, la CLIPP describió la Ley contra el odio —también conocida como Ley Constitucional contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia— como un instrumento que “ha sido utilizado para perseguir la disidencia política, criminalizar la crítica, restringir la libertad de expresión y amenazar la autonomía y existencia de las organizaciones de la sociedad civil”. Además, la ONG reclamó la derogación de la recién sancionada Ley de Fiscalización de las ONG (2024), que según diversos actores civiles atenta contra la libre asociación. El llamado se acompañó de una exigencia de liberación inmediata de los 322 presos políticos que, según el registro de Foro Penal, siguen recluidos en el país.

El proceso legislativo ya avanza en el Parlamento venezolano, donde se discute una reforma parcial de la Ley contra el odio. La iniciativa nació en septiembre, cuando la ministra encargada Delcy Rodríguez admitió que las autoridades habían hecho un uso abusivo de la norma. Desde su entrada en vigor, Foro Penal informó que 927 personas habían sido acusadas de “incitación al odio”, una cifra que evidencia la amplitud con la que se ha aplicado la ley.

Repercusiones para la sociedad civil y los presos políticos

La Ley contra el odio, promulgada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, establece penas de hasta 20 años de prisión para los llamados “delitos de odio”. Organizaciones de derechos humanos, como Espacio Público, han denunciado su uso como mecanismo para perseguir a quienes expresan críticas incómodas al poder. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó este viernes el proyecto de reforma parcial, declarando su “conformidad constitucional” y habilitando su debate en la Asamblea Nacional.

La delegación opositora, por su parte, mantuvo encuentros con representantes de diversas ONG para revisar garantías civiles y políticas de cara a la renovación institucional del país. En esa línea, la CLIPP insiste en que la derogación de ambas leyes es indispensable para garantizar la libertad de asociación y la liberación de los presos políticos, un paso que, según la organización, podría abrir la puerta a una verdadera reconciliación nacional.

¿Qué implica para Argentina y la región?

Para Argentina, y particularmente para la comunidad cordobesa, la situación venezolana tiene efectos directos e indirectos. La crisis de derechos humanos ha impulsado la llegada de refugiados políticos a nuestro país; según datos del Ministerio del Interior, más de 1.200 venezolanos solicitaron asilo en Argentina en los últimos doce meses, muchos de ellos asentados en la zona metropolitana de Córdoba, donde ONG locales brindan asistencia jurídica y psicológica.

Además, la posible derogación de la Ley contra el odio podría facilitar la cooperación entre organizaciones de derechos humanos argentinas y venezolanas, abriendo canales de información y apoyo mutuo. Para el sector empresarial, la estabilidad política venezolana influye en los flujos comerciales de materias primas como el petróleo y el cacao, productos que forman parte de la cadena de suministro de empresas argentinas. Un clima menos represivo podría reactivar inversiones y proyectos de energía renovable que, hasta ahora, se ven frenados por la incertidumbre jurídica.

En el plano diplomático, el gobierno argentino ha manifestado su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela, y la presión de la CLIPP refuerza la agenda de derechos en los foros internacionales donde ambos países participan, como la OEA y la CELAC. Un avance favorable en la derogación de la ley podría traducirse en una mayor apertura para el diálogo y, potencialmente, en la reactivación de acuerdos bilaterales que beneficien a ambos pueblos.

Eco de la historia: precedentes de leyes de “odio” en América Latina

La normativa venezolana no es la primera en la región que ha buscado regular el discurso considerado ofensivo. En 2015, Brasil aprobó la Ley de Racismo, mientras que México, en 2003, promulgó la Ley Federal contra la Discriminación. Sin embargo, la diferencia radica en la forma en que esas leyes se han aplicado: en Venezuela, la legislación ha sido utilizada como herramienta de represión política, mientras que en sus vecinos ha servido, en la mayoría de los casos, como marco de protección de grupos vulnerables.

El debate actual en la Asamblea Nacional venezolana recuerda los momentos críticos de la década de 1990, cuando varios países sudamericanos intentaron equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de combatir discursos de odio. La experiencia de esos procesos muestra que la clave está en la independencia judicial y en la participación activa de la sociedad civil, elementos que la CLIPP y otras ONG buscan fortalecer.

Si la reforma parcial avanza y se logra la derogación total de la Ley contra el odio, Venezuela podría alinearse con las mejores prácticas internacionales, lo que abriría la puerta a una mayor cooperación regional en materia de derechos humanos y a la reintegración de la sociedad civil en la vida política del país.

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