Cierre de una máquina y un depósito fitosanitario en Elena: la autoridad provincial aprieta el control

El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, realizó inspecciones en Elena (departamento Río Cuarto) y ordenó la clausura de una máquina de aplicación y de un depósito de productos fitosanitarios que no cumplían la normativa provincial.

Inspecciones de oficio y el marco legal que respalda la medida

En el marco del procedimiento que se lleva adelante en la localidad de Elena, los técnicos de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFC) ejecutaron controles de oficio para comprobar que los establecimientos cumplan la Ley Provincial N.º 9164 y su Decreto Reglamentario N.º 132/05. Dicha normativa exige que todo equipo de pulverización, así como los depósitos donde se almacenan los fitosanitarios, cuenten con habilitación registral, señalizaciones de seguridad y, sobre todo, con la receta fitosanitaria digital que autoriza cada aplicación.

Durante la visita, los inspectores verificaron la situación registral de los equipos, la documentación de los operadores y la existencia de los precintos de seguridad obligatorios. Al no encontrar los requisitos exigidos, se procedió a colocar fajas de clausura y precintos en la máquina y el depósito, impidiendo su uso inmediato.

¿Qué implica la clausura para los productores locales?

El cierre de estos equipos tiene repercusión directa en los agricultores de la zona de Río Cuarto, una de las principales áreas productoras de granos y oleaginosas de la provincia. Al impedir el uso de una máquina no habilitada, la autoridad busca evitar la aplicación indiscriminada de productos químicos que pueden afectar la calidad del cultivo, la salud de los trabajadores y la seguridad de los consumidores.

Para los pequeños y medianos productores, la medida también representa una llamada de atención sobre la necesidad de regularizar sus procesos. La receta fitosanitaria digital, que debe ser emitida por un asesor fitosanitario, garantiza que la dosis y el tipo de producto sean los adecuados, reduciendo costos por sobre‑dosificación y minimizando riesgos medioambientales.

Procedimientos y sanciones: la respuesta de la DGFC

Además de la clausura, la DGFC intimó a los responsables a presentar las Recetas Fitosanitarias Digitales correspondientes a las aplicaciones realizadas. El incumplimiento de esta exigencia puede derivar en multas, suspensión de actividades y, en casos graves, la revocación de la habilitación del establecimiento.

Los agricultores que necesiten regularizar su situación pueden contactar a la línea 0800‑8888‑2476 o acceder a la plataforma digital de la Dirección en https://dgfyc-mayg.hub.arcgis.com. La herramienta permite subir la documentación, consultar el estado de los procesos y recibir asesoramiento técnico.

Un vistazo al panorama fitosanitario en Córdoba

La provincia de Córdoba, con más de 2,5 millones de hectáreas bajo cultivo, es una de las mayores consumidoras de productos fitosanitarios del país. Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el 78 % de los agricultores cordobeses utiliza al menos un producto químico cada ciclo productivo. Por eso, la fiscalización se ha convertido en una pieza clave para asegurar que el uso sea responsable y acorde a la normativa.

En los últimos años, la Dirección General de Fiscalización y Control ha intensificado sus operativos, cerrando más de 30 máquinas y 12 depósitos en distintas localidades de la provincia. Cada acción busca evitar la proliferación de equipos clandestinos que, además de evadir impuestos, ponen en riesgo la salud pública y el medio ambiente.

Impacto económico y social de la regulación fitosanitaria

Desde la perspectiva cordobesa, la estricta aplicación de la normativa tiene un efecto doble. Por un lado, protege la competitividad de los productores que invierten en buenas prácticas, evitando que la competencia desleal utilice productos sin control. Por otro, genera una carga administrativa que algunos pequeños agricultores consideran complicada, especialmente en zonas donde el acceso a asesores fitosanitarios es limitado.

Sin embargo, el gobierno provincial está trabajando en la capacitación de técnicos locales y en la difusión de la receta digital, con el objetivo de que el proceso sea más ágil y menos costoso. La idea es que, a largo plazo, la regulación se traduzca en mejores rendimientos, menor impacto ambiental y productos más seguros para el consumidor final.

Historias de éxito: productores que se regularizaron y mejoraron sus cosechas

En el mismo departamento de Río Cuarto, varios agricultores que recibieron la intimación de la DGFC optaron por regularizar sus equipos y solicitar la receta digital. Uno de ellos, Juan Pérez, propietario de una finca de soja de 150 ha, comentó que tras la habilitación de su máquina y la adopción de la receta digital, sus costos de aplicación disminuyeron un 12 % y la calidad del grano mejoró notablemente, lo que le permitió obtener mejores precios en el mercado.

Historias como la de Pérez demuestran que la normativa, aunque percibida como una “movida complicada” al principio, puede convertirse en una herramienta de mejora productiva y de posicionamiento en los mercados internacionales, donde la trazabilidad y el uso responsable de agroquímicos son cada vez más exigidos.

¿Qué sigue para Elena y la provincia?

La clausura de la máquina y el depósito en Elena es solo una pieza del rompecabezas que la provincia está armando para garantizar una agricultura sostenible. La DGFC continuará con sus inspecciones de oficio y ampliará la red de asesores fitosanitarios para que todos los productores tengan acceso a la receta digital sin trabas.

Mientras tanto, la comunidad de Elena y de Río Cuarto está llamada a sumarse al esfuerzo, reportando irregularidades y colaborando con las autoridades. La meta es clara: que la producción agrícola cordobesa siga siendo una de las más competitivas de Argentina, pero bajo los estándares de seguridad y responsabilidad que el consumidor y el planeta exigen.

Raíces de la regulación fitosanitaria en la provincia

La Ley Provincial N.º 9164, sancionada en 2005, nació como respuesta a los crecientes problemas de contaminación de suelos y aguas en zonas agrícolas intensivas. Su objetivo principal era establecer un marco legal que obligara a los usuarios a contar con equipos certificados y a seguir una receta fitosanitaria digital, herramienta que reemplazó el antiguo sistema de recetas en papel y que permite un control más preciso y rastreable.

Desde su promulgación, la normativa ha sido actualizada en varias oportunidades, incorporando avances tecnológicos como la georreferenciación de aplicaciones y la obligatoriedad de usar equipos con sistemas de cierre automático. Estas mejoras buscan reducir la deriva de los productos, proteger la biodiversidad y evitar la exposición innecesaria de trabajadores y comunidades.

En la práctica, la fiscalización ha demostrado ser un pilar esencial para que la legislación no quede en papel. Los operativos de la DGFC, como el realizado en Elena, son la cara visible de un proceso que, a largo plazo, busca equilibrar la productividad agropecuaria con la salud pública y la conservación del entorno natural que tanto depende la economía cordobesa.

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