Córdoba amplía su red de Seguridad y Justicia con los distritos 20 y 22

El Gobierno de la Provincia de Córdoba puso en funcionamiento los distritos 20 y 22 del Plan de Gestión Territorial de Seguridad y Justicia, una medida que cubre 97 barrios del sur de la capital y que se suma a las once jurisdicciones ya operativas. La presentación contó con la presencia de los ministros de Justicia y Trabajo, Julián López, y de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, junto a autoridades judiciales, policiales y representantes de la Cámara de Comercio.

Un paso decisivo para la coordinación entre justicia y policía

El plan, anunciado en abril de 2025, establece límites territoriales comunes para fiscalías, unidades judiciales, Comandos de Acción Preventiva (CAP) y comisarías. Cada distrito cuenta con un fiscal asignado que trabaja codo a codo con la policía del mismo sector, facilitando el intercambio de información, reforzando la prevención y agilizando la investigación de los delitos. “Policía y Justicia ya no pueden mirar el territorio por separado”, enfatizó Quinteros, subrayando que la cercanía del Estado al vecino será la nueva regla del juego.

¿Qué implica la puesta en marcha de los distritos 20 y 22?

El distrito 20 agrupa a 55 barrios, entre los que destacan Altos de Manantiales, Cabo Farina, Parque Latino, Villa Aspacia y el complejo Los Nogales. Su fiscal, Luis Fernando Micheli, coordina la labor del comisario inspector Sebastián Cara, del CAP a cargo del comisario Fernando Faucher y de la comisaria 20A dirigida por la comisaria Maricel Andrade. Por su parte, el distrito 22 engloba 42 barrios como Carrara de Horizonte II, Prados de Manantiales, Santa Isabel, Universitario de Horizonte y la zona de Renault. La fiscal Paula Bruera lidera la coordinación con la comisaria inspector Marta Esquivel, el CAP del comisario Guillermo Paredes y los jefes de las comisarías 18A y 22A, Claudio Maldonado y Antonio Britos.

Ambos distritos suman 13 de los 27 previstos en el proyecto, lo que significa que la mitad del territorio cordobés ya cuenta con una estructura integrada de justicia y seguridad. La implementación se realizó bajo un convenio entre los ministerios de Justicia y Trabajo, de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal, garantizando recursos humanos, infraestructura y equipamiento necesarios para que los fiscales y los cuerpos policiales operen bajo el mismo techo administrativo.

Impacto en la vida cotidiana de los cordobeses

Para los vecinos del sur cordobés, la novedad se traduce en una respuesta más rápida y cercana del Estado. Cuando se produce un delito, la fiscalía y la comisaría del mismo distrito comparten datos al instante, lo que reduce los tiempos de investigación y evita la sensación de impunidad que tantos barrios han denunciado. Además, la presencia de los CAP permite una mayor visibilidad policial en las zonas más vulnerables, generando un efecto disuasorio que, según los expertos, podría bajar la tasa de robos y hurtos en la zona.

El ministro López recordó que la creación de nuevas fiscalías requiere una inversión significativa en personal, salas de audiencia y tecnología, pero subrayó que el Estado tiene la obligación de acercar la justicia a la gente. “Cuando se comete un delito, el Estado debe actuar para evitar la impunidad”, afirmó, resaltando también el rol fundamental de las organizaciones barriales que, con su trabajo preventivo, complementan la acción institucional.

Los actores clave que respaldan la medida

El acto contó con la participación del fiscal general de la Provincia, Carlos Lezcano, del presidente del Consejo para la Planificación Estratégica, Emilio Gravilla, y de varios fiscales de instrucción y defensores adjuntos. También estuvieron presentes los secretarios de Justicia, Leandro Goria, y de Seguridad, Juan Manuel Araoz, así como la secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández. El presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Sebastián Parra, destacó que la mayor seguridad favorece la actividad económica local, impulsando la confianza de los comerciantes y la inversión.

Raíces del Plan de Gestión Territorial en Córdoba

El proyecto de distritos de Seguridad y Justicia nace de una visión que data de la década del 2000, cuando la provincia empezó a experimentar un crecimiento demográfico acelerado en los barrios del sur. La dispersión urbana generó desafíos para la justicia, que tradicionalmente operaba desde un centro único, obligando a los ciudadanos a desplazarse largas distancias para presentar denuncias o asistir a audiencias.

En 2012, el Consejo de la Magistratura aprobó la primera ronda de descentralización judicial, creando los primeros diez distritos. Ese paso permitió que los fiscales estuvieran más cerca de la población, pero la falta de coordinación con la policía dejó brechas operativas. Fue entonces cuando, bajo la dirección del entonces ministro de Seguridad, se diseñó el modelo de gestión territorial que integrara a ambos organismos bajo una misma delimitación geográfica.

Con la puesta en marcha de los distritos 20 y 22, la provincia da un salto cualitativo: la infraestructura judicial se complementa con unidades policiales equipadas con tecnología de punta, como sistemas de video vigilancia y plataformas de análisis de datos. La experiencia de otras provincias, como Santa Fe y Mendoza, mostró que la coordinación interinstitucional reduce los índices de criminalidad en un 15 % en los primeros dos años. Córdoba espera replicar esos resultados y, a la vez, sentar un precedente para futuras expansiones del plan.

En los próximos meses, el Gobierno provincial continuará con la selección de magistrados y la adecuación de edificios para los nuevos CAP y comisarías, mientras la ciudadanía del sur cordobés se prepara para vivir una experiencia de justicia más cercana y una seguridad más visible.

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