Córdoba refuerza la integridad pública con la reforma del Estatuto del Empleado Municipal

La Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante de Córdoba aprobó, este martes, la ordenanza N° 7244 que modifica el Estatuto del Empleado Municipal. La iniciativa, fruto de la unión entre el Departamento Ejecutivo Municipal y los bloques Hacemos Unidos por Córdoba, UCR y Frente Cívico, busca endurecer los controles de ingreso y permanencia del personal que labura en la administración municipal.

Un proyecto conjunto que nació de la necesidad de mayor control

El proyecto partió de la preocupación del intendente Daniel Passerini y de varios concejales, entre ellos la concejala Nicolás Piloni, por la falta de mecanismos uniformes para revisar antecedentes y conductas de los empleados municipales. Hasta ahora, la mayoría de los requisitos se aplicaban mediante decretos aislados, lo que generaba lagunas y dificultaba la fiscalización. Con la nueva normativa, la planta permanente, la transitoria, los contratados y los funcionarios de planta política quedan bajo el mismo paraguas de exigencias.

La reforma institucionaliza auditorías periódicas y establece un calendario de revisiones que antes solo se ejecutaba de forma esporádica. “Queremos que la ciudadanía vea que el municipio se toma en serio la transparencia y la prevención de irregularidades”, explicó Piloni al presentar la medida en la sesión plenaria.

Antecedentes penales y exámenes psicotrópicos: un control más estricto

Entre los cambios más contundentes, la norma obliga a los empleados a presentar y renovar anualmente los certificados de antecedentes penales y contravencionales emitidos por la Policía de Córdoba, además de acreditaciones del Registro Nacional de Reincidencia, del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y del Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual. La medida incluye también la obligación de someterse a estudios de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales en orina, con controles aleatorios o focalizados en áreas operativas sensibles, como la seguridad municipal y la gestión de fondos públicos.

En caso de que un empleado sea objeto de imputación penal o medida judicial, deberá informarlo formalmente al organismo competente. La autoridad evaluará cada caso antes de abrir un sumario, dejando claro que una imputación no implica una sanción automática, pero sí abre la puerta a una investigación exhaustiva.

Reglamentación y puesta en marcha: los próximos pasos

Una vez promulgada la ordenanza en el recinto legislativo, el Departamento Ejecutivo Municipal contará con un plazo de 30 días administrativos para reglamentar y publicar la norma en el Boletín Oficial. Ese lapso será crucial para definir los procedimientos operativos, los formularios de presentación y los canales de denuncia que garantizarán la efectividad del nuevo marco.

Los expertos en gestión pública de la Universidad Nacional de Córdoba ya se suman al debate, señalando que la medida podría convertirse en un referente para otras provincias que buscan modernizar sus sistemas de control interno. “Es una movida que, si se ejecuta bien, nos pone a la vanguardia en materia de integridad institucional”, comentó el profesor Marcelo Gómez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas.

Impacto en la vida cotidiana de los cordobeses

Para los ciudadanos, la reforma se traduce en una mayor confianza al tramitar gestiones municipales, sabiendo que los funcionarios que los atienden están sujetos a controles rigurosos. Además, la medida podría reducir la percepción de nepotismo y favoritismo que, según encuestas locales, todavía pesa en la evaluación de la gestión municipal.

Los sindicatos del sector público han manifestado su intención de acompañar la implementación, asegurando que los procesos de verificación se realicen con respeto a la privacidad y a los derechos laborales. Sin embargo, advierten que será necesario invertir recursos en capacitación y en la infraestructura tecnológica para que los exámenes y auditorías se realicen de forma ágil y segura.

Una mirada al futuro: Córdoba como modelo de integridad

Con la reforma del Estatuto del Empleado Municipal, Córdoba da un paso firme hacia la consolidación de una administración más transparente y responsable. La experiencia de otras capitales latinoamericanas muestra que la institucionalización de estos controles no solo mejora la gestión interna, sino que también genera un efecto multiplicador en la confianza de la población y en la atracción de inversiones.

Si la normativa se aplica con rigor y se acompaña de una cultura de ética pública, la provincia podría posicionarse como un referente nacional en la lucha contra la corrupción y el manejo responsable del recurso público.

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