Docentes de Córdoba marchan exigiendo un aumento del 30 % y la recomposición de sus jubilaciones

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) Capital organizó este jueves una jornada de protesta en el corazón de la ciudad, con la intención de presionar al gobierno provincial para lograr un aumento salarial del 30 %, una recomposición de los haberes jubilatorios y mejoras sustanciales en las condiciones laborales de los docentes. La marcha inició a las 10 h con tres columnas que partieron del Parque Las Heras, Plaza Colón y Plaza España, convergiendo en la intersección de las avenidas Colón y General Paz.

Salarios docentes bajo la línea de pobreza: la denuncia de UEPC Capital

Franco Boczkowski, secretario general de UEPC Capital, señaló que muchos docentes están ganando menos que la línea de pobreza oficial. “Llaryora tiene a las y los docentes en la pobreza y a las y los jubilados en la indigencia”, afirmó, añadiendo que a un maestro recién egresado le faltarían $371.667 mensuales para alcanzar el umbral de la pobreza. Según los datos presentados, un docente con 30 años de carrera percibe alrededor de $1.700.000, mientras que al jubilarse su haber se reduce al 60 % de lo que ganaba en actividad.

Condiciones laborales y paritarias: reclamos que van más allá del sueldo

La protesta también apuntó a la política educativa provincial. Los docentes denunciaron el cierre de cursos, la sobrecarga de trabajo y la precarización de las escuelas. Boczkowski acusó al Ejecutivo de postergar la discusión salarial hasta después de las elecciones provinciales y criticó a la propia dirección de la UEPC por levantar una medida de fuerza sin respetar los mandatos de las asambleas escolares.

El pliego de reivindicaciones de UEPC Capital

El sindicato entregó un documento con las siguientes exigencias:

• Aumento salarial no inferior al 30 %, tanto en la parte remunerativa como en la básica.
• 82 % móvil para los sectores jubilados, garantizando la recomposición de sus haberes.
• Fin de la sobrecarga laboral y defensa del cargo testigo de 22 horas semanales.
• Respeto al acuerdo paritario de febrero, sin modificaciones unilaterales.
• Convocatoria a un paro provincial conjunto con los demás gremios estatales.

La delegación subrayó la necesidad de fortalecer el plan de lucha y pidió que los salarios docentes no sean utilizados como variable de ajuste económico.

Una tradición de lucha sindical en la educación cordobesa

La UEPC, fundada en 1953, ha sido históricamente una de las organizaciones sindicales más influyentes de la provincia. A lo largo de los últimos siete decenios, ha encabezado importantes batallas por la mejora de las condiciones de trabajo, la defensa de la gratuidad de la educación y la ampliación de los derechos de los docentes. En la década de los 80, la UEPC lideró la campaña por la creación del Instituto Provincial de Formación Docente, y en los años 2000 impulsó la jornada única de 22 horas, que hoy constituye un referente nacional.

En los últimos años, la crisis económica y la inflación galopante han erosionado el poder adquisitivo de los salarios docentes. Según el INDEC, la inflación acumulada en los últimos 12 meses supera el 150 %, mientras que los salarios del sector público apenas han registrado ajustes menores al 15 %. Este desfase ha generado un clima de descontento que se traduce en movilizaciones como la de hoy.

La protesta de este jueves se inscribe en un contexto nacional donde varios gremios docentes de distintas provincias han anunciado marchas simultáneas, buscando crear una presión colectiva que obligue al Gobierno nacional a reactivar el diálogo salarial. La UEPC Capital, al ser la voz de los docentes de la capital, juega un rol estratégico al concentrar la atención mediática y política en el epicentro de la provincia.

El eco de la movilización en la vida cotidiana de los cordobeses

Para la población de Córdoba, la cuestión salarial de los docentes trasciende el ámbito sindical. Las escuelas son centros comunitarios donde se forman futuros profesionales, y la calidad de la educación incide directamente en la competitividad del mercado laboral local. Un aumento del 30 % no solo aliviaría la situación de los docentes, sino que también permitiría una mayor inversión en recursos pedagógicos, actividades extracurriculares y programas de inclusión.

Además, la recomposición de los haberes jubilatorios impacta a miles de familias que dependen de los ingresos de los maestros jubilados. En barrios como Güemes, Centro y Alta Córdoba, donde la densidad de docentes es alta, la mejora de las pensiones se traduciría en un mayor consumo local, dinamizando el comercio y los pequeños negocios que sostienen la economía de la ciudad.

En definitiva, la jornada de hoy no es solo una exigencia salarial; es una reivindicación por la dignidad del trabajo docente y por el futuro educativo de la provincia.

Raíces históricas de la lucha docente en Córdoba

Desde la fundación de la Universidad Nacional de Córdoba en 1613, la provincia ha sido cuna de intelectuales y activistas comprometidos con la educación pública. En la década de 1940, la reforma universitaria impulsó la participación estudiantil y docente en la vida política, sentando las bases de una cultura sindical robusta. La UEPC surgió como respuesta a la necesidad de organizar a los maestros de la escuela primaria y secundaria, quienes enfrentaban salarios bajos y escasas garantías laborales.

Durante la dictadura militar (1976‑1983), los docentes fueron blanco de persecuciones y despidos masivos. La recuperación de la democracia permitió la reconsolidación del sindicato, que en 1985 logró la firma del primer convenio colectivo provincial, estableciendo la jornada de 22 horas y la paridad salarial entre docentes de diferentes niveles.

En los últimos veinte años, la UEPC ha participado activamente en la discusión de la Ley de Educación Superior, en la implementación del Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa y en la defensa de la gratuidad de la educación pública. Cada una de estas batallas ha dejado una huella en la sociedad cordobesa, reforzando la idea de que la educación es un bien público esencial para el desarrollo regional.

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