Empleados judiciales de Córdoba reclaman ampliar la licencia por cuidado: un paso hacia la igualdad de género

Agostina Noccioli, secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), anunció este lunes que el gremio está impulsando un proyecto integral para modificar el reglamento interno y ampliar las licencias por tareas de cuidado, especialmente la paternidad, en la provincia de Córdoba. La propuesta, que nació en marzo de 2023, busca pasar de los escasos 8 o 2 días actuales a un piso de 30 días, permitiendo que los padres puedan estar presentes en los primeros momentos de vida de sus hijos.

El proyecto integral y su origen

El plan se gestó dentro del propio Poder Judicial provincial como respuesta a la creciente demanda de conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Ante la falta de una respuesta institucional global, la AGEPJ decidió desglosar la reforma original y abordar cada instituto por separado, logrando avances paulatinos que hoy culminan en la solicitud de una ampliación concreta de la licencia por paternidad. “Queremos un piso de 30 días para que la persona realmente pueda dedicarse al cuidado del recién nacido”, explicó Noccioli durante la entrevista con Hoy Día Córdoba.

Esta iniciativa se inscribe en una trayectoria de conquistas laborales del gremio, que ya había conseguido la instalación de lactarios móviles y la eliminación del trabajo nocturno para gestantes y lactantes en unidades judiciales y la policía científica. Cada paso ha sido una pieza que refuerza la idea de que la justicia no solo debe dictar normas, sino también vivirlas.

Situación actual de las licencias en Córdoba

En la práctica, la normativa vigente en la provincia otorga apenas 8 días de licencia por paternidad cuando los padres conviven, y solo 2 días en caso de no convivencia. Esta cifra sitúa a Córdoba muy por debajo de la media nacional; provincias como Mendoza y Santa Fe ya otorgan entre 15 y 45 días, y en algunas jurisdicciones se llegan a los 60 días. La brecha no es solo estadística, sino también cultural: la falta de tiempo para el cuidado temprano repercute en la distribución de responsabilidades domésticas y en la igualdad de oportunidades laborales.

Según datos internos del Poder Judicial, el número de licencias por paternidad solicitadas al año ronda los 30‑35 casos. Este universo reducido permite argumentar que la ampliación no generará costos significativos ni requerirá de reemplazos masivos, pues la carga operativa se mantiene dentro de los márgenes habituales del juzgado.

Argumentos y viabilidad económica

El gremio subraya que la ampliación de la licencia no implica un gasto presupuestario adicional. Las ausencias masculinas más prolongadas en la institución suelen deberse a lesiones deportivas o problemas musculares, no a tareas de cuidado. Por lo tanto, la propuesta no alterará la operatividad del sistema judicial ni la atención al público.

Además, la AGEPJ insiste en que la medida es una cuestión de derechos y de democratización interna. “Es un derecho de los padres y de los recién nacidos a ser cuidados por ambos progenitores”, afirmó Noccioli. La ampliación, según el gremio, fortalecería la imagen del Poder Judicial como una institución modelo que promueve valores de equidad y responsabilidad social.

Impacto social y perspectiva de futuro

Más allá de los números, la propuesta busca transformar la cultura organizacional del Poder Judicial cordobés. Un tribunal que reconoce y practica la corresponsabilidad en el cuidado familiar envía un mensaje poderoso a la sociedad: la igualdad de género comienza en casa y se refleja en la esfera pública.

El diálogo está abierto con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el proyecto cuenta con el respaldo de varios magistrados que ven en la medida una oportunidad para que Córdoba vuelva a estar a la vanguardia, tal como lo demostró en procesos de selección de cargos y otras reformas laborales.

Raíces de la lucha laboral en el Poder Judicial cordobés

La búsqueda de mejores condiciones laborales en el Poder Judicial no es nueva. Desde la década de 1990, los empleados judiciales han organizado movilizaciones para mejorar salarios, condiciones de trabajo y beneficios sociales. La creación de los lactarios móviles en 2018 marcó un hito, al reconocer la necesidad de espacios adecuados para la lactancia, y la eliminación del trabajo nocturno para gestantes en 2020 consolidó la política de protección a la maternidad.

Estos logros se basaron en la capacidad del gremio para articularse con otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público Fiscal, y en la presión constante sobre los poderes ejecutivos y legislativos. Cada conquista ha servido como peldaño para la siguiente, y la actual petición de ampliar la licencia por paternidad se presenta como el siguiente escalón lógico.

En el contexto nacional, la reforma se alinea con la agenda de igualdad de género impulsada por el Ministerio de Trabajo, que promueve licencias parentales más extensas para equilibrar la carga familiar. Si Córdoba adopta la medida, no solo reducirá la brecha con otras provincias, sino que también sentará un precedente para otras jurisdicciones judiciales del país, demostrando que la justicia también se construye con justicia social.

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