Francia plantea endurecer penas por disturbios y bloquear redes sociales: la polémica del “el que rompe, paga”

El Senado francés debatió este martes la propuesta conocida como “el que rompe, paga”, un proyecto de ley que aumenta las sanciones penales y civiles para los responsables de saqueos y, paralelamente, permite el bloqueo de plataformas digitales que no eliminen a tiempo contenidos que inciten a la violencia. La iniciativa, impulsada tras los disturbios del 17 de octubre, busca, según sus defensores, distinguir entre manifestantes pacíficos y quienes cometen delitos.

¿Qué propone la iniciativa “el que rompe, paga”?

El texto aprobado en la comisión de Leyes del Senado endurece las penas máximas de prisión, que pasarían de un año a tres, y multiplica por tres las multas, que subirían de 15.000 a 45.000 euros. Además, introduce la posibilidad de embargar prestaciones sociales a los culpables y de suspender cuentas en servicios en línea que faciliten la organización de actos vandálicos. La medida también contempla el uso de drones con fines judiciales para identificar a los autores de los destrozos y amplía la responsabilidad civil a quienes permanezcan en la zona a pesar de una orden de dispersión.

El arma digital: bloqueo de plataformas y plazos de una hora

En paralelo, el Gobierno presentó una enmienda que autoriza el bloqueo o la desindexación de plataformas que no retiren contenidos ilícitos dentro de los plazos establecidos. Para publicaciones que inciten a atentados, insurrección o al uso de armas contra el Estado, el plazo es de una hora; para incitación a delitos graves como robos o agresiones, el límite se extiende a 24 horas. La medida ampliaría las competencias de Pharos, el servicio policial que recibe denuncias sobre contenidos ilegales en internet.

Repercusiones y críticas: ¿un modelo a seguir o una amenaza a la libertad?

Los partidos de izquierda advirtieron que la reforma podría coartar la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, mientras que los defensores argumentan que la normativa permite una respuesta rápida a la violencia en la calle y protege a las víctimas. El límite de 10.000 euros para el reembolso individual generó polémica; algunos legisladores temen que elevar esa cifra pueda vulnerar la constitucionalidad del proyecto.

El precedente judicial de 2025, cuando el Consejo de Estado consideró desproporcionado el bloqueo de TikTok en Nueva Caledonia, vuelve a poner en tela de juicio la viabilidad jurídica de una medida tan drástica. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que la herramienta es necesaria para frenar la difusión de convocatorias a saqueos y enfrentamientos.

Eco en la Argentina: lecciones y temores para Córdoba y el país

En la Argentina, la discusión sobre la regulación de protestas y la responsabilidad de las plataformas digitales ha cobrado fuerza tras las movilizaciones de 2023 y 2024. En Córdoba, los legisladores provinciales ya debatieron proyectos que buscan sancionar con mayor dureza a quienes causen daños a la propiedad pública durante manifestaciones. La propuesta francesa reaviva el debate local sobre hasta dónde puede llegar el Estado sin atropellar derechos constitucionales.

Además, la presión sobre gigantes como X (Twitter) y Meta para que eliminen contenido violento ya se vive en los tribunales argentinos. La idea de establecer plazos de una hora para la retirada de publicaciones podría servir como referencia, aunque expertos advierten que la rapidez requerida podría colisionar con el principio de defensa y el debido proceso.

Para los emprendedores cordobeses del sector tecnológico, la posible ampliación de competencias de organismos policiales como Pharos plantea interrogantes sobre la privacidad de datos y la colaboración obligatoria de startups locales con autoridades extranjeras. El sector teme que una normativa similar a la francesa genere una “cultura de autocensura” que afecte la creatividad y la libertad de expresión en la red.

Raíces históricas de la represión de disturbios en Francia

La tradición de endurecer penas por desórdenes civiles en Francia se remonta a la Revolución de 1789, cuando la Asamblea Nacional estableció el principio de que “quien rompe, paga”. Durante el siglo XIX, la Ley de Seguridad Pública de 1881 reguló la prensa y la reunión, sentando las bases de la actual legislación sobre orden público.

En los últimos años, los episodios de protestas masivas –como los movimientos de los “chalecos amarillos” (2018‑2019) y las revueltas de 2022 contra la reforma de pensiones– llevaron al gobierno a reforzar las herramientas judiciales contra la violencia urbana. La experiencia francesa muestra una tensión constante entre la necesidad de mantener el orden y la protección de los derechos democráticos, una balanza que sigue moviéndose en la agenda política.

Hoy, la propuesta “el que rompe, paga” representa la última vuelta de esa balanza, intentando combinar sanciones más severas con un control digital sin precedentes. El debate en el Senado será decisivo para definir si Francia opta por una postura más autoritaria o por un modelo que busque equilibrar seguridad y libertades.

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