Llaryora y la senadora Flavia Royón impulsan la ley de biocombustibles: un impulso clave para la industria cordobesa

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sostuvo este miércoles una reunión estratégica con la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, quien preside la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado. El objetivo fue afinar la estrategia para que el proyecto de ley de biocombustibles, ya con media sanción en la Cámara alta, avance sin tropiezos en la Cámara de Diputados. Para la provincia cordobesa, la normativa es una pieza esencial que podría reactivar la cadena productiva del agro‑industrial, generando cientos de puestos de trabajo y fortaleciendo la competitividad del sector.

Un encuentro que busca sellar alianzas políticas

Durante la charla, Llaryora y Royón revisaron los puntos críticos que aún frenan la sanción definitiva del proyecto. La senadora resaltó la importancia de contar con el respaldo de los gobiernos provinciales para consolidar una visión nacional que favorezca la producción de biocombustibles a partir de materias primas locales, como la soja, el maíz y el aceite de girasol. Por su parte, el gobernador subrayó que Córdoba, con su fuerte presencia de industrias de molienda y refinación, está preparada para liderar la implementación de la ley, siempre que se garantice un marco regulatorio estable y un incentivo fiscal acorde.

Impacto directo en la industria cordobesa

La aprobación de la ley de biocombustibles representa, según los analistas de la Universidad Nacional de Córdoba, una oportunidad de doble filo: por un lado, permite diversificar la matriz energética del país, reduciendo la dependencia del petróleo importado; por otro, abre una ventana para que las plantas industriales de la provincia añadan valor a los subproductos agrícolas, creando biocombustibles de segunda generación. En términos de empleo, se estima que la normativa podría generar entre 5.000 y 7.000 puestos directos en la cadena productiva, sin contar los indirectos en sectores como transporte, logística y servicios.

El reclamo de Córdoba y la necesidad de un marco normativo sólido

Desde hace meses, la provincia ha venido demandando al Congreso una legislación que acompañe el desarrollo de los biocombustibles y promueva la industrialización del campo. El gobernador Llaryora reiteró que la falta de una normativa clara ha complicado la inversión de empresas locales y extranjeras, que prefieren esperar a ver si el proyecto se aprueba o se modifica. Con la media sanción ya obtenida en el Senado, la presión se traslada ahora al Congreso de la Nación, donde los diputados deben decidir si la ley avanza tal cual o se le añaden nuevas condiciones que podrían retrasar su puesta en marcha.

Un vistazo al futuro: ¿qué significa la ley para los cordobeses?

Si la normativa se aprueba, Córdoba podría posicionarse como un polo de referencia en la producción de biocombustibles en Sudamérica. Las empresas del parque industrial, como la refinería de Río Tercero y los complejos de molienda de la zona de San Justo, ya han manifestado su intención de adaptar sus líneas de producción para incorporar biocombustibles de origen local. Además, los agricultores verían una nueva salida para sus cosechas, reduciendo la volatilidad de los precios internacionales y asegurando un mercado interno más estable. En definitiva, la ley no solo es un tema de energía, sino una movida que repercutirá en la economía familiar, en la generación de empleo y en la sostenibilidad ambiental de la región.

Raíces del proyecto: de la iniciativa provincial a la agenda nacional

El camino que llevó a la propuesta actual comenzó en 2019, cuando el gobierno de Córdoba impulsó un programa piloto de producción de biodiesel a partir de aceite de soja. Ese proyecto demostró la viabilidad técnica y económica, pero también reveló la carencia de un marco legal que garantizara la continuidad del proceso. A partir de entonces, distintas cámaras empresariales y académicas comenzaron a presionar al Congreso para que se elaborara una legislación que acompañara la innovación del sector.

En 2022, la iniciativa ganó tracción en el Senado gracias a la labor de la senadora Flavia Royón, quien logró que la Comisión de Minería, Energía y Combustibles aprobara una versión preliminar del proyecto. Desde entonces, el texto ha sido objeto de intensas negociaciones entre provincias productoras, empresas energéticas y grupos de la sociedad civil que buscan equilibrar los intereses económicos con la necesidad de una transición energética responsable.

Hoy, con la reunión entre Llaryora y Royón, se cierra un círculo que empezó con la experimentación provincial y que ahora busca consolidarse en una ley nacional. La expectativa es que, una vez sancionada, la normativa sirva de modelo para otras regiones del país que también quieren apostar por los biocombustibles como motor de desarrollo sostenible.

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