Más de 2.100 títulos de posesión regularizados en tres años: la apuesta de la Provincia por la seguridad jurídica

En los últimos 36 meses la Provincia de Córdoba, a través de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos (UEST), ha concluido la regularización de 2.117 títulos de posesión, consolidando el derecho a la tierra de miles de familias que vivían sin papeles formales. El proceso, que se lleva a cabo bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Trabajo, permite que los poseedores sean reconocidos oficialmente como dueños de sus inmuebles, tanto urbanos como rurales y semirurales.

El motor administrativo: la UEST y su plataforma digital

La UEST funciona como una oficina especializada que centraliza los trámites de saneamiento en una única plataforma digital, accesible mediante el portal Ciudadano Digital (CiDi Nivel 2). El carácter gratuito del servicio y la ausencia de sellados provinciales lo hacen viable para sectores vulnerables que, de otro modo, no podrían costear un juicio de usucapión. Desde su creación, la unidad ha gestionado 4.428 expedientes finalizados, de los cuales 2.617 corresponden a resoluciones posesorias emitidas en los últimos cinco años.

De la resistencia de Ramona Bustamante a la ley que protege a miles

El origen de la normativa, la Ley 9.150 de 2004, se remonta a la historia de Ramona Bustamante, una campesina del noroeste cordobés que, a sus 95 años, se convirtió en símbolo de la lucha contra la especulación inmobiliaria. En 2003, empresarios del agro intentaron desalojar a su familia del paraje Las Maravillas, en Río Seco, sin que existieran escrituras que respaldaran su posesión. La protesta pública de Ramona expuso la vulnerabilidad de cientos de pequeños productores y residentes informales, impulsando al Congreso provincial a crear una herramienta administrativa que simplificara la obtención de la seguridad jurídica.

La ley no solo respondió a la demanda social, sino también a una necesidad fiscal: al inscribir a los poseedores reales en el Registro Personal de Poseedores, el Estado pudo identificar a quién corresponde el impuesto inmobiliario provincial y mejorar la recaudación. Así, el saneamiento de títulos se convirtió en una política de doble filo: social y tributaria.

Cómo funciona el trámite y qué beneficios trae a los cordobeses

El procedimiento, completamente virtual, se inicia con la carga de la Declaración Jurada en la plataforma CiDi. El solicitante debe adjuntar su DNI, el formulario con firmas certificadas por un juez de paz o escribano, y documentación que pruebe la posesión continua y pacífica (boletos de compra‑venta, recibos de servicios, fotos de la vivienda, etc.). Una vez completado, el sistema genera un número de seguimiento que permite al interesado conocer el estado del trámite.

Los beneficios son claros: seguridad jurídica que evita desalojos inesperados, acceso a servicios básicos como luz y agua, y una base sólida para iniciar un juicio de usucapión si se desea obtener la escritura definitiva. Además, la gratuidad del proceso elimina una barrera económica que históricamente había dejado a los más vulnerables sin opciones.

Impacto territorial y recaudatorio

Desde su promulgación, la ley ha regularizado cerca de 10.000 títulos en todo el territorio cordobés, abarcando departamentos como Pocho, Ischilín, Minas, Cruz del Eje, San Martín, San Alberto, San Javier, Santa María y Río Segundo. Cada título regularizado permite a los municipios planificar mejor la infraestructura, pues ahora cuentan con un mapa actualizado de la propiedad del suelo. En términos de recaudación, la identificación de los poseedores reales ha incrementado la base imponible del Impuesto Inmobiliario Provincial en un 12 % en los últimos tres años, aportando recursos que se destinan a obras de agua potable y pavimentación.

Raíces históricas del saneamiento de tierras en Córdoba

El concepto de regularizar la tenencia de la tierra no es nuevo en la provincia. Desde la época colonial, los gobiernos provinciales han intentado ordenar la distribución de parcelas mediante catastro y registro, pero la falta de recursos y la dispersión de la población rural dificultaron la aplicación práctica. En los años setenta, la dictadura militar impulsó planes de colonización que dejaron cientos de asentamientos sin títulos formales, generando conflictos que persisten hasta hoy.

Con la recuperación de la democracia en los años noventa, surgieron movimientos sociales que reclamaban el reconocimiento de sus derechos posesorios. La muerte de Ramona Bustamante se convirtió en un punto de inflexión que motivó a legisladores a transformar la protesta en ley. Desde entonces, la normativa ha sido actualizada en varias oportunidades para simplificar los requisitos y ampliar la cobertura a zonas semirurales que antes quedaban fuera del alcance de la administración.

Hoy, el saneamiento de títulos se percibe como una pieza clave del desarrollo territorial de Córdoba: no solo garantiza la paz social, sino que también sienta las bases para una planificación urbana y rural más coherente, alineada con los objetivos de sustentabilidad y crecimiento económico de la provincia.

Datos de contacto y asesoramiento

• Sitio web oficial: Ministerio de Justicia y Trabajo – Saneamiento de Títulos
• Teléfono: 351‑4036490 / (0351) 4342441/43
• Correo electrónico: UnidadEjecutora@cba.gov.ar
• Atención presencial (con turno previo por CiDi): Deán Funes 64, 3° piso (Ciudad de Córdoba) de 8:00 a 18:00 hs.

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