Once agrupaciones opositoras denuncian que la reforma constitucional nicaragüense pretende “sepultar” la soberanía popular

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2024 – Un comunicado conjunto firmado por once organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición de Nicaragua alertó este viernes sobre lo que calificaron como una “ruptura del orden constitucional” tras la aprobación, en primera legislatura, de una reforma parcial a la Carta Magna el 1 de septiembre, publicada al día siguiente. El texto, dirigido a la población nicaragüense, a los Estados miembros de la OEA, a la ONU y a organismos de derechos humanos, sostiene que el proceso legislativo no representó un acto jurídico válido ni el ejercicio legítimo de la potestad de reforma del Estado.

Una reforma que, según los críticos, consolida la concentración del poder

Las agrupaciones firmantes explican que la modificación aprobada por la Asamblea Nacional busca formalizar la exclusión de los sectores opositores y, a su vez, “sepultar formalmente el principio de soberanía popular”. Para ellos, la iniciativa es una maniobra destinada a institucionalizar prácticas represivas del régimen Ortega‑Murillo, al tiempo que elimina los contrapesos institucionales que garantizan un equilibrio entre los poderes del Estado.

El comunicado señala que el debate parlamentario fue reemplazado por una Asamblea sin independencia, la cual aprobó el texto de forma rápida, por unanimidad y sin escrutinio ciudadano. Además, la supuesta consulta popular fue limitada a operadores del propio gobierno: familiares, mandos del Ejército y de la Policía Nacional, y estructuras partidarias, lo que, según los firmantes, anuló la función deliberativa que debería acompañar cualquier cambio constitucional.

Copresidencia, mandatos extendidos y la amenaza de un modelo totalitario

Uno de los puntos más controversiales es la creación de la figura de la “copresidencia”, que, según los opositores, carece de respaldo popular y pretende convalidar mandatos que ellos consideran caducos. La reforma también amplía simultáneamente a siete años los períodos de la copresidencia, las diputaciones, las alcaldías, las magistraturas estatales y los mandos militares. Para los firmantes, esta arquitectura “elimina los contrapesos institucionales y el control entre los poderes del Estado”, consolidando un modelo totalitario y dinástico.

Los críticos advierten que la medida restringe la posibilidad de que los ciudadanos elijan periódicamente a sus gobernantes y agrava la persecución política contra la oposición organizada. En el documento se vincula la reforma con una cadena de desviaciones del orden democrático, incluyendo la falta de competencia política genuina en elecciones que, según la OEA y la comunidad internacional, fueron declaradas fraudulentas.

Repercusiones regionales y la respuesta de la comunidad internacional

Desde la perspectiva cordobesa, la reforma constitucional de Nicaragua tiene ecos en la región. La OEA, con sede en Washington, pero con fuerte participación de países sudamericanos, ha denunciado repetidamente la vulneración de derechos humanos en Nicaragua. La aprobación de esta reforma podría complicar aún más las relaciones comerciales y de cooperación entre Centroamérica y el Mercosur, un bloque del que Argentina forma parte. Además, la diáspora nicaragüense en Argentina, particularmente en la provincia de Córdoba, teme que la medida cierre más puertas a la reunificación familiar y a la posibilidad de solicitar asilo político.

Las once agrupaciones pidieron a los gobiernos y organismos multilaterales que desconocieran la reforma, declararan su ineficacia jurídica y mantuvieran la solidaridad con los nicaragüenses. Entre los firmantes están Ciudadanos por la Libertad Exilio, Ruta del Cambio, Unamos, Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Avanza, Asamblea Nicaragüeña por la Democracia (AND), Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde, Gran Confederación Opositora Nicaragüense, Mesa Todos Somos Nicaragua, Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE) y Unidad Nacional.

Raíces de la resistencia nicaragüense y su eco en Córdoba

La historia de la oposición en Nicaragua se remonta a la Revolución Sandinista de 1979, cuando la lucha contra la dictadura de Somoza dio paso a un experimento socialista que, con el tiempo, se fracturó en tensiones internas y externas. En los últimos veinte años, la figura de Daniel Ortega ha vuelto a concentrar el poder, generando un clima de represión que ha impulsado a muchos nicaragüenses a buscar refugio fuera del país.

En Córdoba, la comunidad nicaragüense se ha consolidado alrededor de centros culturales y religiosos, como la Iglesia San Roque, donde se organizan charlas y campañas de sensibilización sobre la situación en su tierra. La reciente reforma constitucional ha reavivado la actividad de estos grupos, que ahora buscan apoyo de las autoridades locales y provinciales para denunciar violaciones de derechos humanos y promover la presión diplomática desde Argentina.

El vínculo histórico entre Argentina y Nicaragua, forjado en los años setenta a través de la solidaridad latinoamericana, vuelve a cobrar relevancia. La defensa de la soberanía popular y los derechos humanos es un valor compartido que, según los líderes de la diáspora, debería traducirse en acciones concretas: declaraciones oficiales, sanciones económicas dirigidas al régimen y la ampliación de los programas de asilo para los perseguidos por su postura política.

En definitiva, la denuncia de las once organizaciones no solo apunta a una reforma interna, sino que abre una ventana para que la comunidad internacional, y particularmente Argentina, reflexione sobre su papel frente a los retrocesos democráticos en la región.

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