Paraguay avanza con el juicio político a Santiago Peña: cinco cargos que sacuden la política regional

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves la acusación para iniciar un juicio político contra el presidente Santiago Peña, basándose en cinco causales que lo enlazan con el caso del Ueno Bank y presuntas irregularidades en organismos públicos. La iniciativa, impulsada por legisladores opositores y disidentes, se debatió en una sesión extraordinaria iniciada por la mañana, en medio de una gran tensión que se vivía en las calles de Asunción.

1. Conflictos de intereses y la sombra de Ueno Bank

El primer eje de la acusación señala posibles conflictos de intereses entre el Ejecutivo y empresas vinculadas al mandatario. Según el documento citado por Última Hora, Peña declaró ante la Contraloría General de la República acciones por un valor nominal de G. 6.144 millones en Ueno Holding SAECA. Los diputados argumentan que esa participación patrimonial podría haber favorecido cambios legales y regulatorios que beneficiaron a Ueno Bank, generando una incompatibilidad entre los intereses privados del presidente y sus funciones públicas.

2. Intervención en el Instituto de Previsión Social (IPS)

El segundo punto denuncia una presunta manipulación de las normas de inversión del IPS, lo que habría permitido una mayor colocación de fondos en Ueno Bank. Los datos presentados indican que, desde su incorporación al sistema de inversiones en septiembre de 2023, el banco pasó de una inversión de G. 80 millones a G. 346,5 millones en marzo de 2024, lo que representa un crecimiento del 3.035 % en apenas 20 meses. Los legisladores advierten que esa concentración de recursos en una entidad vinculada al presidente compromete la garantía constitucional del destino de los fondos previsionales.

3. Créditos excesivos y la falta de control del Banco Central

El tercer argumento se centra en la exposición crediticia de Ueno Bank. Al cierre de abril, el banco acumuló créditos con tres empresas vinculadas por G. 743.784 millones (aprox. USD 123 millones), cifra que supera el límite prudencial del 20 % del patrimonio efectivo, establecido por la normativa. Según la acusación, el Banco Central del Paraguay (BCP) validó inicialmente esas operaciones, y el presidente habría omitido ejercer las facultades constitucionales para destituir a autoridades de la banca matriz, en clara violación del artículo 238 de la Constitución.

4. Enriquecimiento ilícito y posible beneficio patrimonial

El cuarto eje apunta a indicios de enriquecimiento ilícito. Los diputados cuestionan la evolución patrimonial de Peña y sus relaciones económicas con Ueno Holding e Itti, sugiriendo que el presidente pudo haber usado su cargo para reforzar ventajas financieras personales y corporativas. La Cámara deberá determinar si la información patrimonial presentada por el mandatario es compatible con el ejercicio de la Presidencia.

5. Riesgo sistémico y pérdida de confianza en el sistema financiero

La quinta causal vincula los hechos denunciados con un posible deterioro de la confianza pública en el sistema financiero paraguayo. Los parlamentarios sostienen que la combinación de beneficios indebidos, concentración de fondos y debilidad de los controles estatales podría generar un riesgo sistémico, ya que “un sistema financiero no se sostiene solo en capital y regulación, se sostiene, sobre todo, en la confianza”.

Impacto potencial en la economía regional y en los lazos con Argentina

Desde la perspectiva cordobesa, el proceso tiene ramificaciones que van más allá de Asunción. Paraguay es un socio clave en la cadena de suministro agroindustrial que alimenta a la industria alimentaria de la Cuenca del Plata, incluida la provincia de Córdoba. Un escándalo financiero de esta magnitud puede frenar los flujos de inversión y crédito que hoy facilitan la exportación de granos y la compra de maquinaria argentina. Además, la incertidumbre política podría afectar los acuerdos bilaterales de energía y el proyecto de la hidroeléctrica de Yacyretá, que depende de la estabilidad institucional de ambos países.

Para los empresarios cordobeses, la posible sanción al presidente paraguayo genera una alerta sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de due diligence y de diversificar los mercados de exportación. “No podemos permitir que una movida política en Asunción nos frene el laburo de nuestras empresas exportadoras”, comenta un dirigente de la Cámara de Industria de Córdoba.

Reacciones y escenarios políticos en Asunción

Los partidos opositores celebraron la aprobación como una victoria histórica, mientras que el oficialismo calificó la medida de “intento de frenar el gobierno”. La presión en las calles de Asunción se mantuvo alta, con manifestaciones tanto a favor como en contra del proceso. Analistas políticos señalan que, de prosperar el juicio, Peña podría enfrentar la remoción del cargo, lo que abriría la puerta a nuevas alianzas y a una reconfiguración del panorama electoral de cara a las próximas elecciones de 2028.

En tanto, la comunidad internacional observa con cautela, pues la estabilidad de Paraguay es crucial para la integración del Mercosur. Un escenario de crisis institucional podría repercutir en los flujos de inversión extranjera directa y en la percepción de riesgo país, factores que también inciden en los costos de financiamiento para proyectos argentinos.

Lecciones para la política argentina

El caso paraguayo sirve como recordatorio de la importancia de la transparencia en la gestión pública. En Argentina, los debates sobre la regulación de los fondos de pensiones y la supervisión de los bancos estatales se han intensificado en los últimos años. La experiencia de Paraguay subraya la necesidad de fortalecer los organismos de control y de evitar la concentración de inversiones en entidades vinculadas a funcionarios de alto nivel.

Además, la polémica muestra cómo la confianza ciudadana es un activo intangible pero esencial para el funcionamiento del sistema financiero. En Córdoba, donde la actividad bancaria es fundamental para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, la lección es clara: la credibilidad de las instituciones debe estar por encima de cualquier interés particular.

En conclusión, el juicio político a Santiago Peña no solo define el futuro del presidente paraguayo, sino que también plantea un espejo para la política y la economía argentina, invitando a reflexionar sobre la necesidad de un marco institucional sólido que proteja tanto al ciudadano como al laburante.

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