Santiago Peña enfrenta el Senado: el juicio político que pone a prueba la democracia paraguaya

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, comparecerá este viernes en el recinto del Senado para ejercer su defensa en el juicio político que se ha abierto contra él por presunto mal desempeño de sus funciones y por su vínculo con la catástrofe del banco Ueno. La sesión extraordinaria, convocada por el presidente del Senado Basilio Núñez, será el punto de partida de un proceso que podría terminar con la destitución del mandatario y la pérdida de su inmunidad parlamentaria.

El escenario parlamentario: una dimisión que se quedó en el aire

Todo comenzó el jueves cuando Peña publicó en la red social X un video anunciando su renuncia, mientras la Cámara de Diputados debatía la acusación que había presentado contra él. La medida quedó en nada porque los diputados del oficialista Partido Colorado abandonaron el hemiciclo, dejando sin quórum a la Cámara Baja y bloqueando la votación para declarar la vacancia. Sin ese quórum, la Constitución no permite activar el mecanismo de sucesión, y el presidente sigue formalmente en el cargo.

Ante el estancamiento, Basilio Núñez tomó la iniciativa de convocar una sesión extraordinaria del Senado para constituir la cámara alta como tribunal juzgador. La diputada opositora Rocío Vallejo, una de las fiscales designadas, abrió la exposición del libelo acusatorio, mientras el senador oficialista Derlis Maidana explicó que el proceso constará de dos etapas: la designación de los diputados como fiscales y, al día siguiente, el juramento de los senadores que integrarán el tribunal.

El escándalo del Ueno Bank: millones de ahorros congelados

El corazón del juicio político es la intervención del banco digital Ueno, que dejó sin acceso a sus cuentas a alrededor de tres millones de paraguayos, casi la mitad de la población. El banco, que había crecido a pasos agigantados desde su licencia en 2023, acumuló depósitos por unos 850 millones de dólares, de los cuales 380 millones provenían del Instituto de Previsión Social, el fondo estatal de pensiones y salud.

Según la acusación, Peña mantuvo participación en Ueno Holding, el conglomerado controlador del banco, hasta que vendió sus acciones en marzo de 2025. Además, la fiscalía alega conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias, señalando que el propio Banco Central del Paraguay (BCP) le dio una “sentencia de muerte inmediata” al banco sin una intervención previa. Ocho ejecutivos, incluido el presidente Juan Manuel Gustale y el CEO Federico Miguel Vázquez, fueron detenidos por presuntos delitos de crédito de alto riesgo y lavado de dinero.

El colapso del banco desencadenó protestas masivas en Asunción, con cientos de ciudadanos armando una vigilia conocida como “sentata” frente al Congreso, exigiendo claridad y la destitución del presidente. La indignación se extendió a los sectores laborales: el Ministerio de Trabajo estima que la crisis afectó cerca de 7 000 empleos directos e indirectos.

Repercusiones políticas y sociales: el Partido Colorado en jaque

El juicio político ha puesto al Partido Colorado, que lleva gobernando Paraguay casi 70 años, en una posición delicada. Incluso Horacio Cartes, expresidente y mentor de Peña, ha respaldado el proceso, argumentando que el partido no puede seguir “saqueando” fondos públicos y privados. La falta de quórum en la Cámara de Diputados y la presión de la oposición han generado una verdadera crisis institucional que amenaza con paralizar el funcionamiento del Congreso.

Si el Senado logra los dos tercios de los votos necesarios (30 de 45 senadores), Peña perderá la inmunidad parlamentaria, quedará inhabilitado para ser senador vitalicio y podrá ser procesado penalmente por el fiscal Emiliano Rolón Fernández, quien ya ha ordenado tres investigaciones penales vinculadas a la crisis del Ueno Bank.

El caso también ha reavivado el debate sobre la percepción de corrupción en Paraguay. Según Transparencia Internacional, el país ocupa uno de los últimos lugares en América del Sur, solo superado por Venezuela. La ciudadanía, cansada de “setenta años de saqueo”, ha expresado su hartazgo en las calles, con manifestantes como Adolfo Villalba y Luis Pineda denunciando el robo de sus ahorros.

De la crisis bancaria a la historia constitucional paraguaya

Este juicio político marca solo el segundo caso en la historia reciente de Paraguay en que un presidente ha sido llevado ante el Congreso, después del destierro de Fernando Lugo en 2012. La situación pone a prueba la solidez del artículo 225 de la Constitución, que establece el procedimiento para juzgar a los altos funcionarios por mal desempeño.

En los últimos años, Paraguay ha experimentado un crecimiento económico sostenido, pero la falta de controles robustos en el sistema financiero ha dejado al país vulnerable a colapsos como el de Ueno. La intervención del BCP y la posterior investigación penal subrayan la necesidad de reforzar la supervisión bancaria y de transparentar los lazos entre la política y el sector privado.

Mientras el Senado se prepara para la audiencia del viernes, la expectativa en Asunción y en todo el país es de incertidumbre. El resultado del juicio no solo determinará el futuro inmediato de Santiago Peña, sino que también podría redefinir la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo en Paraguay, y sentar precedentes para la rendición de cuentas de los gobernantes en la región.

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