Santiago Peña, ex presidente paraguayo, es citado a indagatoria tras su detención y traslado al Regimiento Escolta Presidional

El ex presidente Santiago Peña comparecerá este sábado a las 11:00 ante el Ministerio Público de Paraguay, como parte de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas al Ueno Bank. La citación se produce después de que fiscales y la Policía Nacional ejecutaran una orden de detención en su domicilio del barrio Mburucuyá, en Asunción, y lo trasladaran de urgencia al Regimiento Escolta Presidencial.

Detención y traslado: una jugada bajo presión social

Los fiscales Christian Benítez y Silvia Franco, acompañados por efectivos policiales, llegaron a la casa de Peña alrededor de las 02:00 hs. Al constatar su presencia, ordenaron que permaneciera bajo arresto domiciliario, medida que la fiscal González justificó como adecuada: “Hemos constatado que se encuentra presente y va a cumplir con las disposiciones que sean necesarias”. Sin embargo, la madrugada se tornó tensa cuando manifestantes comenzaron a congregarse en el barrio, obligando a los equipos de seguridad a trasladar al ex mandatario al Regimiento Escolta Presidencial para garantizar su resguardo.

Según testigos, tres camionetas militares abandonaron la residencia de Peña en medio de un operativo que buscaba contener la creciente presión de los vecinos del barrio La Piedad, quienes exigían su traslado a la zona de Tacumbú y rechazaban la posibilidad de que cumpla arresto domiciliario.

Los cargos que persiguen al ex mandatario

La investigación, formalizada en la Resolución Fiscal N.º 7 del 6 de noviembre de 2026, abarca los delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. La causa penal N.º 92/2026, bajo la carátula “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”, también incluye al ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, quien se entregó a la Policía Nacional el viernes pasado.

El abogado defensor, Ricardo Preda, sostuvo que no existen fundamentos para solicitar prisión preventiva, alegando que la orden de detención fue comunicada sin una orden judicial y que Peña autorizó el ingreso a su vivienda. Preda aseguró que su cliente colaborará con la justicia y que la medida cautelar solo sería viable si existiera riesgo de fuga o de obstrucción del proceso, situaciones que, según él, no se configuran en este caso.

Repercusiones en la región y el ángulo argentino

El caso de Peña tiene ecos más allá de las fronteras paraguayas. En la Argentina, los bancos que operan en la zona del Cono Sur siguen de cerca la situación de Ueno Bank, una entidad que, pese a su corta vida, manejó volúmenes considerables de capitales argentinos. La posible responsabilización de un ex presidente por “lesión de confianza” y “tráfico de influencias” aviva los temores de inversionistas argentinos sobre la estabilidad del sistema financiero regional.

Para los empresarios cordobeses que exportan materias primas a Paraguay, la incertidumbre política puede traducirse en retrasos de pagos y mayores costos de cobertura cambiaria. “Cuando un líder de la talla de Peña está en el ojo del huracán, los bancos tienden a endurecer sus condiciones de crédito, lo que complica el laburo de las pymes que dependen de financiamiento cruzado”, comentó un analista de la Cámara de Comercio de la Provincia.

Asimismo, la polémica ha reavivado el debate sobre la cooperación judicial entre ambos países. Autoridades argentinas han pedido una mayor coordinación para rastrear los flujos de dinero vinculados a Ueno Bank, con el objetivo de evitar que casos similares afecten a la economía argentina.

El proceso judicial y los próximos pasos

Durante la comparecencia, los fiscales analizarán los elementos reunidos y decidirán si formulan una imputación formal contra Peña. En caso de que se presente una acusación, la Fiscalía podría solicitar medidas cautelares, aunque el defensor advierte que la prisión preventiva sería “una demostración al público” más que una necesidad procesal.

El Ministerio Público aún no ha definido la medida cautelar definitiva, pero la presión social en Asunción sigue en aumento. Vecinos del barrio La Piedad continúan manifestándose frente a la residencia del ex mandatario, exigiendo que sea trasladado a una cárcel más alejada de la zona residencial.

Un poco de historia sobre la crisis bancaria en Paraguay

La crisis que desencadenó el juicio político contra Peña se remonta al colapso del Ueno Bank a comienzos de 2025, cuando la entidad dejó de cumplir con sus obligaciones de liquidez, provocando una oleada de retiros masivos. El banco, fundado en 2018, había captado fondos de empresarios y particulares tanto de Paraguay como de Argentina, Uruguay y Brasil, convirtiéndose rápidamente en una pieza clave del sistema financiero regional.

El gobierno de Peña, que asumió en 2023, fue duramente criticado por la falta de supervisión del Banco Central y por supuestos contactos entre funcionarios del Estado y directivos del banco. La presión de la Contraloría y de la oposición culminó en el juicio político que, el 15 de octubre de 2026, resultó en la destitución del ex mandatario por su responsabilidad en la crisis.

Desde entonces, la justicia paraguaya ha investigado a varios ex funcionarios y empresarios vinculados al caso. La inclusión de Peña en la causa penal marca un punto de inflexión, ya que es la primera vez que un expresidente es citado a indagatoria bajo acusaciones de malversación de fondos y tráfico de influencias en el contexto de una quiebra bancaria.

Perspectivas a futuro y el clima político

El desenlace de este proceso judicial podría sentar un precedente en la región sobre la rendición de cuentas de los máximos cargos políticos. Para la ciudadanía paraguaya, la expectativa es que la justicia actúe con transparencia y sin presiones externas, mientras que en Argentina se observa con cautela cualquier señal de reforma institucional que pueda reforzar la confianza de los inversores.

En Córdoba, los analistas siguen de cerca la evolución del caso, conscientes de que la estabilidad de los mercados financieros sudamericanos depende en gran medida de la percepción de que los gobiernos y sus ex dirigentes están sujetos a la ley. La ciudadanía, por su parte, espera que se haga justicia y que se eviten nuevas crisis que perjudiquen a los trabajadores y a los pequeños empresarios.

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