Canadá frena la ampliación de la eutanasia a pacientes con solo enfermedad mental: qué implica para Argentina

El ministro de Justicia de Canadá, Sean Fraser, anunció este miércoles que el país mantendrá indefinidamente la prohibición de ofrecer la eutanasia a personas cuya única condición sea una enfermedad mental. La medida, que paraliza una expansión prevista para marzo de 2027, vuelve a encender una de las discusiones sanitarias más controvertidas de la esfera internacional.

Un retroceso legislativo que cierra una hoja de ruta

El gobierno liberal presentará este otoño boreal un proyecto de ley cuyo objetivo será excluir formalmente la enfermedad mental como único motivo habilitante para la muerte asistida. Fraser explicó que la decisión busca “cerrar una discusión que se extendió durante varios años sin alcanzar un consenso médico ni social pleno”. En 2016 Canadá legalizó la asistencia médica para morir a pacientes en fase terminal, y en 2021 amplió el derecho a quienes padecían enfermedades graves e incurables, aun cuando la muerte no fuera previsible. La intención original era que, a partir de 2024, cualquier condición subyacente pudiera habilitar el acceso, pero la fecha se pospuso tres años mientras se evaluaba la capacidad del sistema de salud mental para absorber la medida.

La presión de los comités y la realidad del sistema de salud mental

El anuncio llega después de que una comisión parlamentaria recomendara en junio excluir de forma indefinida a quienes solo sufrían una enfermedad mental. El panel subrayó la insuficiente oferta de apoyo en salud mental en distintas comunidades canadienses y advirtió que la falta de recursos podría empujar a pacientes vulnerables a optar por la muerte ante la imposibilidad de acceder a tratamiento. Además, persiste el debate entre especialistas sobre si alguna enfermedad mental puede considerarse irremediable.

Impacto en la agenda de salud mental de la región

Si bien la mayoría de los canadienses respalda el derecho a la eutanasia, los últimos meses han visto a profesionales de la salud reclamar una revisión de la política y de los mecanismos de aprobación. El proyecto de ley que el gobierno presentará también incluirá disposiciones sobre solicitudes anticipadas de eutanasia, pensadas para personas que, tras un diagnóstico de enfermedad grave, pierdan la capacidad de decidir en el futuro, como ocurre en casos de demencia o Alzheimer. En este punto, la normativa delegará a las provincias la facultad de ofrecer o no estas solicitudes, lo que ya genera diferencias notables: Quebec permite estas solicitudes, mientras que Alberta prohibió el mecanismo en marzo.

Repercusiones para Argentina: ¿un espejo o una lección?

En la Argentina, el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente tras la discusión del proyecto de ley presentado por la Cámara de Diputados en 2022, que finalmente quedó estancado. La decisión canadiense, aunque distante, llega en un momento en que la Sociedad Argentina de Psiquiatría y la Asociación Médica Argentina están pidiendo una mayor inversión en salud mental, un sector que también sufre de falta de recursos y de acceso desigual entre la Capital Federal y el interior.

Para los legisladores cordobeses, la postura de Canadá podría servir como referencia para calibrar la legislación local. Córdoba cuenta con un sistema de salud pública que, según el último informe del Ministerio de Salud de la Provincia, atiende al 70% de la población, pero aún enfrenta déficits críticos en la oferta de terapias psicológicas y psiquiátricas. Si la tendencia internacional se inclina hacia una mayor cautela, los políticos argentinos podrían argumentar la necesidad de reforzar la red de apoyo antes de considerar cualquier ampliación de la eutanasia a trastornos mentales.

Por otro lado, organizaciones de derechos humanos en Argentina, como la Asociación por la Defensa del Derecho a Morir con Dignidad, han señalado que la exclusión de la enfermedad mental vulnera la Carta de Derechos y Libertades. La posición canadiense, que también ha sido criticada por la entidad Dying with Dignity, muestra cómo la presión de grupos de defensa puede influir en la agenda política, un escenario que los activistas argentinos observan de cerca.

Los próximos pasos legislativos y la mirada de la sociedad

Fraser indicó que el país solo permitirá la eutanasia en aquellas provincias que legislen el acceso para personas “que padezcan enfermedades incurables y sufran un dolor insoportable” y que cuenten con garantías rigurosas en su implementación. Además, el gobierno modificará el Código Penal para proteger a los médicos que cumplan con los criterios establecidos, evitando procesos penales contra ellos.

En la práctica, la decisión de detener la expansión significa que, sin intervención legislativa, las personas con solo enfermedad mental no podrán acceder a la eutanasia en marzo, cuando vencía la exclusión vigente. La medida, aunque temporal, refleja la complejidad de equilibrar derechos individuales, capacidad institucional y protección de los grupos vulnerables.

Ecos de la decisión en la política de salud mental de Argentina

La controversia canadiense reaviva la discusión en Argentina sobre la necesidad de crear protocolos claros que garanticen la atención integral a pacientes con trastornos mentales graves. En la última década, la inversión pública en salud mental ha aumentado apenas un 12%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que coloca al país por debajo del promedio de la OCDE.

En Córdoba, la red de hospitales públicos y la red de salud mental comunitaria han sido objeto de críticas por parte de la comunidad médica, que reclama más recursos y una mayor coordinación entre los niveles de atención. La decisión de Canadá podría impulsar a los legisladores cordobeses a priorizar la creación de unidades de crisis y de acompañamiento psicológico, evitando que la falta de opciones conduzca a decisiones extremas.

Finalmente, la postura canadiense muestra que, aunque la tendencia global se dirige hacia la ampliación de derechos, la realidad local y la capacidad del sistema de salud siguen siendo factores decisivos. En Argentina, la discusión seguirá abierta, con la esperanza de que la experiencia internacional sirva para construir un marco que respete la dignidad humana sin sacrificar la protección de los más vulnerables.

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