Denuncia penal contra Santiago Peña se intensifica: tres fiscales investigan el escándalo de Ueno Bank

Asunción, 12 de octubre de 2026 – El Ministerio Público designó este lunes a los fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco y Silvia González Vöster para encarar una investigación penal contra el exmandatario paraguayo Santiago Peña, en el marco del polémico caso Ueno Bank. La medida, formalizada mediante la Resolución FGE N.º 4474 del fiscal general Emiliano Rolón, amplía la denuncia presentada por legisladores el 22 de octubre 2025 y abre una carpeta fiscal que contempla cargos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

Designación de los fiscales y la apertura de la carpeta investigativa

Los tres fiscales integran la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín. Su misión será desmenuzar la compleja red de operaciones financieras que, según los denunciantes, vinculó fondos públicos paraguayos –y, de forma indirecta, recursos de instituciones regionales– con la entidad bancaria Ueno Bank. La investigación abarcará no solo la supuesta colocación de recursos estatales en la banca privada, sino también la posible colusión entre autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y directivos del propio banco.

Los cargos que se investigan: enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El expediente señala que entre 2017 y 2023 Santiago Peña habría declarado acciones de Ueno Holding por G. 6.144 millones (cerca de USD 991 mil) y un certificado de depósito de ahorro de G. 2.400 millones (USD 396 mil) en la misma entidad, además de un bono de ITTI. Según la ampliación de la denuncia, el hermano del exmandatario figura como socio de U Holding SARL, la sociedad que controlaba Ueno Bank. Los fiscales deberán verificar si la venta de una cartera de tres firmas a Vinanzas SA por USD 74,4 millones, financiada con préstamos del propio banco, constituye una “operación prohibida” –como la calificó un área técnica el 5 de agosto– y si hubo omisiones o negligencias deliberadas en los controles financieros del BCP, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras entidades como Itaipú Binacional y la ANDE.

Repercusiones para la política y la economía regional

La denuncia se produce mientras la renuncia de Peña a la Presidencia, ya presentada, espera ser tratada en el Senado tras la aprobación del juicio político en la Cámara de Diputados. En la práctica, la crisis de Ueno Bank ha sacudido los mercados financieros del Cono Sur: los fondos del IPS pasaron de G. 80.000 millones (USD 13,2 millones) a más de G. 2 billones (USD 329,9 millones), y el Banco Central tuvo que activar una ley de emergencia que autorizó un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos de 40 salarios mínimos (G. 121,7 millones). Para los inversores argentinos, la situación plantea dudas sobre la exposición de fondos de pensiones y entidades financieras locales a bancos paraguayos, lo que podría traducirse en una mayor cautela a la hora de diversificar inversiones en la región.

Los entresijos de la supervisión bancaria y las decisiones polémicas

Según los escritos, el 29 de abril el BCP advirtió excesos de Ueno Bank con empresas vinculadas desde enero. La Superintendencia de Bancos, el 16 de junio, consideró regularizada la situación después de la venta de la cartera antes mencionada. Sin embargo, la directora del BCP, Carmen Marín, señaló un déficit de solvencia el 29 de junio y el 10 de julio el entonces gerente de Supervisión remitió observaciones que, según los denunciantes, nunca llegaron al Directorio. El 7 de octubre, el presidente del BCP, Carlos Carvallo, comunicó al Senado que el exceso había sido subsanado, aunque la presión social y las protestas en Asunción evidenciaron la desconfianza ciudadana.

¿Qué dice la historia de los escándalos bancarios en la región?

Los casos de colapso bancario no son nuevos en América Latina. En la década de los 90, la crisis del Banco Mendoza en Argentina dejó cientos de miles de depositantes sin acceso a sus ahorros, lo que desencadenó reformas estructurales en la supervisión financiera. En Brasil, la quiebra de Banco Bamerindus a principios del siglo XXI provocó una revisión profunda de los mecanismos de garantía de depósitos. Cada uno de esos episodios dejó lecciones sobre la necesidad de una vigilancia más rigurosa y de marcos regulatorios que impidan la concentración de fondos públicos en instituciones vulnerables.

En Paraguay, la intervención y disolución de Ueno Bank –que atendía a cerca de 2,9 millones de clientes y administraba entre USD 800 y 850 millones de fondos públicos– reaviva el debate sobre la independencia del Banco Central y la transparencia de los procesos de colocación de recursos estatales. La normativa que permitió que el IPS redujera el puntaje mínimo exigido para las colocaciones de 65 a 60 en noviembre de 2023, y que luego modificara los requisitos en 2024, muestra cómo decisiones técnicas pueden abrir brechas para la corrupción.

Para Córdoba y la Argentina, el caso invita a reflexionar sobre la exposición de nuestras propias instituciones a riesgos transfronterizos. Los fondos de pensiones argentinos que invierten en activos paraguayos deben contar con garantías claras y auditorías independientes. Además, la experiencia paraguaya subraya la importancia de que los organismos de control –como la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina– mantengan una vigilancia constante y colaboren con sus homólogos sudamericanos para prevenir maniobras que perjudiquen al contribuyente.

Explora más noticias en nuestra sección: Mundo