Ecuador pide a la ONU una respuesta conjunta contra el crimen organizado: lo que implica para Argentina

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa solicitó este martes en la Asamblea General de la ONU la creación de mecanismos internacionales para enfrentar al crimen organizado transnacional. En su discurso, el mandatario denunció que las redes delictivas ya coordinan sus operaciones con mayor eficacia que los propios Estados y advirtió que la falta de una estrategia común pone en riesgo la seguridad y la economía de la región, incluida la Argentina.

Una petición que rompe el molde: tres medidas concretas

Para abordar el problema, Noboa presentó tres iniciativas que, según él, deben ser aprobadas por la comunidad internacional. La primera propone la instalación dentro de la ONU de un órgano especializado en rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos vinculados al crimen organizado. La segunda medida busca crear una plataforma permanente de intercambio de información entre policías, fiscalías y unidades de inteligencia financiera de todos los países miembros, facilitando la detección temprana de movimientos sospechosos. Finalmente, el presidente ecuatoriano pidió que la agenda ONU80 incorpore al crimen organizado transnacional como prioridad para la prevención de conflictos, reduciendo la burocracia y garantizando resultados medibles.

Impacto directo en la seguridad y la economía argentina

Desde la perspectiva cordobesa, la solicitud de Noboa tiene repercusiones claras. Las rutas de narcotráfico que atraviesan la frontera norte de Argentina y la zona del Chaco están vinculadas a las mismas organizaciones que operan en Ecuador, Colombia y México. Además, la trata de personas y la minería ilegal en la Amazonía generan flujos de dinero que terminan en cuentas argentinas, alimentando lavados de capital y la compra de bienes de consumo. Un mayor intercambio de datos entre la Policía Federal Argentina y sus homólogos sudamericanos permitiría frenar la llegada de armas y drogas que, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), han aumentado un 22 % en los últimos dos años.

En el plano económico, la pesca ilegal cerca de las Islas Galápagos y la extracción clandestina de minerales en la Amazonía afectan la biodiversidad y los recursos naturales que también son esenciales para la industria pesquera y minera argentina. La degradación ambiental tiene costos indirectos: la pérdida de especies y la contaminación de ríos inciden en la cadena productiva del agro, uno de los pilares de la economía cordobesa.

El contexto interno de Ecuador y su escalada de violencia

Desde que asumió la presidencia a finales de 2023, Daniel Noboa ha enfrentado un aumento de la violencia ligado a disputas entre bandas locales y organizaciones criminales de Colombia y México. El número de homicidios, secuestros y extorsiones ha crecido de forma sostenida, lo que llevó al gobierno a declarar un conflicto armado interno contra una veintena de grupos que calificó de terroristas. La estrategia incluyó despliegues militares, estados de excepción y la construcción de una megacárcel, además de una estrecha cooperación con Estados Unidos en materia de entrenamiento e inteligencia.

Este escenario ha puesto de relieve la necesidad de una respuesta que trascienda las fronteras nacionales. Noboa subrayó que los criminales ya han globalizado su cooperación: “Las armas que llegan a nuestras calles cruzaron varios países, el dinero que financia a las mafias se lava lejos de donde se comete el crimen”. La petición a la ONU, por tanto, no es solo una cuestión de diplomacia, sino una exigencia práctica para que los Estados de la región, incluida Argentina, puedan anticiparse y neutralizar a estas redes.

¿Qué puede hacer Argentina?

El Gobierno argentino ya ha avanzado en la creación de la Oficina de Coordinación Antinarcóticos (OCAN), pero la falta de una plataforma internacional de intercambio de información limita su efectividad. La propuesta ecuatoriana de una base de datos compartida podría integrarse con la red de la OCAN, permitiendo que los operativos de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional reciban alertas en tiempo real sobre movimientos de cargamentos sospechosos.

Además, la iniciativa de congelar activos financieros ilícitos tendría un eco directo en la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero que afecta a la AFIP. Si la ONU aprueba un mecanismo de rastreo, Argentina podría solicitar la inclusión de sus instituciones financieras para bloquear recursos que alimentan a las mafias.

Raíces del desafío: cómo el crimen organizado ha evolucionado en América Latina

El fenómeno del crimen organizado transnacional no es nuevo, pero su capacidad de adaptación sí lo es. En los años 90, las bandas se concentraban en el tráfico de cocaína desde los Andes hacia los mercados europeos y norteamericanos. Hoy, la diversificación incluye la minería ilegal, la pesca sin control y la trata de personas, actividades que requieren infraestructuras logísticas complejas y alianzas con actores corruptos en múltiples países.

En la década de 2000, la respuesta de los gobiernos latinoamericanos se basó mayormente en operaciones policiales aisladas. Ese modelo resultó insuficiente porque las organizaciones criminales aprendieron a operar en la sombra, usando empresas pantalla y sistemas financieros offshore. La globalización de la información y la digitalización de los pagos han facilitado que el dinero fluya sin fronteras, lo que obliga a los Estados a replantear sus estrategias.

Para la región, la propuesta de Ecuador representa un intento de volver a poner la cooperación como eje central de la política de seguridad. Si la ONU logra consolidar un cuerpo de trabajo que incluya a Argentina, Chile, Perú y el resto de los países andinos, se abrirá una ventana para frenar la expansión de las mafias y proteger tanto la seguridad ciudadana como los recursos naturales que sustentan la economía del Cono Sur.

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