EE.UU. quita a Venezuela de la lista de incumplimiento antidrogas: ¿Qué implica para la región?

Washington anunció este lunes que Venezuela deja de figurar en la categoría de “incumplimiento demostrable” de sus compromisos internacionales contra el narcotráfico, tras veinte años bajo esa señalación. La decisión, incluida en la determinación presidencial para el año fiscal 2027, fue emitida por el presidente Donald Trump y difundida por el Departamento de Estado. Aunque el país sigue catalogado como relevante para la producción o tránsito de drogas, la eliminación de la calificación de incumplimiento marca una primera en la historia reciente de la relación bilateral.

El cambio de calificación y su marco legal

El documento oficial mantiene a Venezuela dentro del grupo de naciones consideradas estratégicas por su ubicación geográfica y sus rutas comerciales, pero la excluye de la lista más restrictiva que exige pruebas de que el Estado no haya cumplido con los acuerdos internacionales de control de estupefacientes. La legislación estadounidense permite que cada presidente revise anualmente estas designaciones, considerando factores como la cooperación policial, la captura de líderes criminales y la evolución política del país evaluado.

Según la determinación, la transformación política observada en Venezuela durante el último año –incluyendo la aparición de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez– habría facilitado una “creciente cooperación” contra los cárteles. Trump señaló, entre otras cosas, la captura de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder del grupo criminal conocido como Tren de Aragua, como prueba de los avances.

Repercusiones para la política antidrogas en América del Sur

El anuncio no implica una absolución total. Venezuela sigue formando parte del listado amplio de países relevantes para la producción o tránsito de drogas, junto a México, Colombia, Perú y Panamá. Sin embargo, la eliminación de la etiqueta de incumplimiento podría abrir la puerta a una mayor colaboración bilateral en materia de inteligencia y operativos conjuntos, una movida que Washington espera que beneficie la lucha contra los flujos de cocaína que llegan a los Estados Unidos.

Para la región, la decisión también recalifica la postura de otros países. Colombia y Bolivia mantuvieron su calificación de incumplimiento, pero el presidente Trump dejó abierta la posibilidad de revisarlas en futuros informes, lo que sugiere una estrategia flexible basada en la cooperación concreta más que en la mera geografía.

Impacto en la economía y la seguridad de Córdoba y el Conurbano

Desde la perspectiva cordobesa, el cambio podría traducirse en una ligera disminución de la presión migratoria vinculada al narcotráfico. En los últimos años, la provincia ha visto un aumento de rutas de tránsito que aprovechan la cercanía de puertos como el de Rosario y la infraestructura ferroviaria que conecta con el norte del país. Una mayor cooperación entre EE.UU. y Venezuela podría reducir la actividad de bandas que operan en la zona, lo que se reflejaría en menos incidentes de violencia vinculada al narco en barrios como Alta Córdoba o Centro.

En el plano económico, la medida podría abrir oportunidades para el sector agroexportador cordobés. Si la presión internacional sobre Venezuela se relaja, es probable que se restablezcan algunos flujos comerciales que fueron cortados por sanciones vinculadas al narcotráfico, beneficiando a exportadores de soja, maíz y frutas que buscan mercados en la cuenca del Caribe. Eso sí, la realidad sigue siendo complicada y dependerá de la capacidad del gobierno argentino de negociar acuerdos que favorezcan a los productores locales.

Una mirada histórica a la relación antidrogas entre EE.UU. y Venezuela

La política antidrogas de Estados Unidos hacia Venezuela tiene raíces que se remontan a la década de los noventa, cuando Washington empezó a catalogar al país como una ruta de tránsito para la cocaína proveniente de los Andes. Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la designación de “incumplimiento demostrable” se mantuvo de forma constante, acompañada de sanciones económicas y listas negras que limitaron la inversión extranjera.

En 2015, el Departamento de Estado incluyó a Venezuela en el llamado “Lista de Países No Cooperantes” (NPC), lo que desencadenó la congelación de activos y la restricción de visas para funcionarios. La medida se mantuvo durante la mayor parte del gobierno de Maduro, pese a los intentos intermitentes de diálogo y a la firma de algunos acuerdos de extradición de narcotraficantes.

El giro de 2027 representa, por tanto, una ruptura con una política de dos décadas que había sido vista como una “movida” más política que operativa. La administración Trump, que ha buscado renegociar varios pactos internacionales, parece apostar por un enfoque basado en resultados concretos –como la captura de líderes criminales– en lugar de una condena simbólica. Para Córdoba, donde la seguridad y el desarrollo económico están estrechamente ligados, este nuevo escenario podría significar una oportunidad para reducir la violencia asociada al narcotráfico y fomentar un clima de inversión más estable.

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