Oficialismo reaviva la Ley de Tierras para proteger el polémico DNU 70

El miércoles 18 de octubre, el bloque oficialista logró, tras intensas negociaciones, un acuerdo con los partidos aliados en la Cámara de Diputados para restituir los límites a la venta de tierras a extranjeros establecidos en la Ley 26.737. La medida, que busca blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, se enfrenta este jueves a la intención de la oposición de voltear el texto en la cámara baja.

El plenario que cambió la partida

En el recinto de Legislación General y Asuntos Constitucionales, el oficialismo presentó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que será debatida en la sesión del 21 de octubre. La estrategia, impulsada por La Libertad Avanza, consistió en ofrecer una “salida elegante” a los bloques que se oponen a la venta sin límites a extranjeros, sin deshacerse del DNU 70 que desreguló amplios sectores de la economía.

El decreto 70/23, conocido como el “mega‑decreto”, derribó normas de abastecimiento, góndolas, compra nacional, alquileres, liberó tasas bancarias y cuotas de prepagas, y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Los legisladores oficiales advirtieron que una revocación total del DNU provocaría un “caos administrativo y procesal” que costaría un dineral al Estado y complicaría el laburo de los gobiernos locales.

Los cambios introducidos en la normativa

Durante la reunión de la comisión, el diputado de la UCR Diógenes González propuso dos artículos nuevos para el dictamen: el artículo 38, que anula el artículo 134 del DNU 70/23 (el que derogaba la Ley de Tierras), y el artículo 39, que restituye la vigencia plena de la Ley 26.737. La diputada peronista Paula Penacca catalogó el giro del oficialismo como un “manotazo de ahogado”, señalando la contradicción de que libertarios firmaran un dictamen en contra del presidente que firmó el propio DNU.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada también introduce restricciones a las expropiaciones –el Estado deberá justificar de forma expresa y estricta la declaración de utilidad pública–, modifica el cálculo del pago por expropiaciones (valor de mercado más lucro cesante) y regula la restitución sumaria de inmuebles ocupados en 72 horas, siempre que el propietario acredite la documentación correspondiente.

Qué implica la restitución de la Ley de Tierras

La Ley de Tierras, sancada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, establece que una persona física o jurídica extranjera no puede poseer más del 15 % de la superficie rural del país, ni del 15 % por provincia o departamento, y que la suma total de tierras para extranjeros no puede superar el 30 % del cupo nacional. Además, prohíbe la adquisición de predios con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad fronteriza.

Al restituirla, el oficialismo busca frenar la “liberalización” total del mercado inmobiliario que había impulsado el DNU 70, evitando que inversores extranjeros compren masivamente tierras productivas. La medida, sin embargo, genera tensiones dentro del bloque oficialista, ya que algunos sectores habían apoyado la eliminación de los límites para atraer capitales.

El camino legislativo y los próximos pasos

Si la Cámara de Diputados aprueba el dictamen con la restitución de la Ley de Tierras, el texto volverá al Senado para su sanción definitiva. En el Senado, la discusión ya se ha movido a la mitad del proceso, con algunos senadores que piden una revisión más profunda del DNU 70 antes de cualquier cambio.

Mientras tanto, la oposición se prepara para presentar su propio proyecto de revocación total del decreto, argumentando que la medida vulnera la soberanía nacional y abre la puerta a la especulación extranjera. El debate está lejos de terminar y, según analistas, la decisión final podría definir el rumbo de la política de tierras en Argentina por los próximos diez años.

Raíces históricas de la regulación de la propiedad rural

Desde la década de los 90, la cuestión de la tenencia de tierras ha sido un tema recurrente en la política argentina. La Ley 26.737 surgió como respuesta a la creciente preocupación de que la concentración de la propiedad en manos extranjeras amenazara la seguridad alimentaria y el desarrollo regional. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la normativa se reforzó, limitando la compra de parcelas estratégicas y estableciendo mecanismos de control más estrictos.

En los últimos años, la tendencia global de apertura de mercados llevó a varios gobiernos a flexibilizar esas restricciones, argumentando que la inversión extranjera era necesaria para modernizar la agroindustria. El DNU 70 marcó el punto más extremo de esa corriente, al intentar derogar de golpe la Ley de Tierras junto a otras regulaciones clave. La restitución actual representa, por tanto, una vuelta a la cautela tradicional de la política agraria argentina.

El debate sobre la propiedad rural sigue siendo un termómetro de la relación entre el Estado y el sector productivo. En Córdoba, donde la agricultura y la ganadería son pilares de la economía local, la decisión de restablecer los límites a la venta de tierras tiene un eco directo en los laburantes del campo, los pequeños productores y los cooperativistas que temen la concentración de la tierra en manos de grandes conglomerados extranjeros.

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