Passerini enfrenta asambleas sorpresivas de la UTA y apunta a la Nación por recorte de subsidios

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, volvió a estar en el centro del debate sobre el transporte urbano al calificar de innecesarias las asambleas de emergencia convocadas por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) esta semana. La medida gremial, que afecta a las líneas 82, 83 y 84, ha puesto en jaque la operatividad de los ómnibus que recorren barrios como Alta Córdoba, Centro y Ciudad Jardín, y ha obligado al municipio a presentar un pedido de intervención ante la Secretaría de Trabajo.

En una entrevista para Canal 12, Passerini sostuvo que “no hay ninguna deuda que justifique esas convocatorias sorpresivas” y advirtió que el municipio ya había remitido un requerimiento electrónico a la autoridad laboral para que se tomen medidas urgentes. “Esperamos que, más allá de los anuncios de asambleas, se tome debida nota de la situación y se garantice la continuidad del servicio”, afirmó el jefe comunal.

El conflicto entre empresas y conductores se traslada a la arena nacional

Según explicó Passerini, el desencuentro no es meramente local; se inserta dentro de una paritaria nacional que aún necesita homologación para que sus acuerdos sean de obligado cumplimiento. El intendente señaló que, a diferencia de épocas anteriores, la flota de ómnibus de la ciudad tiene en promedio menos de cuatro años de antigüedad, lo que implica mayores costos de mantenimiento y, por ende, una presión sobre los subsidios que tradicionalmente han sostenido el precio del boleto.

El dirigente municipal también vinculó el reclamo del sector al debate más amplio que varios intendentes están manteniendo con el Gobierno nacional. Recordó que la diputada cordobesa Carolina Basualdo presentó un proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Municipales para que la Nación asuma la carga financiera que hoy recae exclusivamente sobre los gobiernos locales.

Agenda de encuentros y la postura de realismo ante la política de subsidios

Passerini adelantó una agenda cargada de reuniones con otros jefes comunales. Mañana participará en una actividad en La Plata junto al intendente de La Plata, Julio Alak, y varios mandatarios bonaerenses. El jueves, Córdoba será sede de un encuentro provincial donde se debatirá la caída de los subsidios y la redistribución de recursos en áreas críticas como transporte, educación y salud.

Al ser consultado sobre la probabilidad de que vuelvan los subsidios nacionales, el intendente adoptó una postura cautelosa: “Con este gobierno no hay que ser ni optimista ni pesimista, hay que ser realistas”. Subrayó que la capital federal y su área metropolitana siguen contando con subsidios nacionales, mientras que en Córdoba el 66 % del valor del boleto proviene de fondos propios de distintas provincias del interior, distribuidos de forma “discrecional” según su criterio.

Un reclamo transversal que trasciende partidos

Para cerrar sus declaraciones, Passerini insistió en que el reclamo de los intendentes no tiene una señal partidaria: “Somos de todos los partidos, de todas las ciudades, de todas las provincias”. En sus palabras se percibe la voluntad de armar una coalición interjurisdiccional que presione a la Casa Rosada para que reconsidere la política de subsidios, que según él, afecta directamente al bolsillo de los cordobeses que utilizan el transporte público día a día.

Raíces del conflicto y su eco en la historia del transporte cordobés

El debate sobre los subsidios al transporte urbano no es nuevo en la historia de Córdoba. Desde la década de 1990, cuando se iniciaron los procesos de privatización y concesión de líneas, los gobiernos municipales han dependido de fondos provinciales y nacionales para mantener tarifas accesibles. En los últimos años, la crisis fiscal de la provincia y la reducción de la inversión federal han puesto en jaque esa ecuación, obligando a los intendentes a buscar alternativas de financiamiento.

La UTA, por su parte, ha jugado un rol fundamental en la defensa de los derechos laborales de los conductores y en la negociación de condiciones salariales. Sin embargo, la falta de un marco nacional homogéneo ha generado tensiones, como la que se vive hoy, donde los gremios recurre a asambleas de emergencia para presionar por mejoras que, según ellos, no pueden ser cubiertas con los recursos locales.

En este contexto, la iniciativa de la diputada Basualdo y la coordinación entre intendentes de distintas provincias representan una estrategia de presión colectiva que busca equilibrar la balanza fiscal y evitar que la falta de subsidios se traduzca en tarifas más altas o en la reducción de frecuencias de los ómnibus, algo que afectaría especialmente a los barrios periféricos donde el transporte público es la única opción de movilidad.

Mientras tanto, los usuarios de las líneas 82, 83 y 84 siguen esperando respuestas concretas. La expectativa es que la intervención solicitada ante la Secretaría de Trabajo genere una mediación que permita reanudar el servicio sin mayores interrupciones y que, a la larga, se abra una discusión nacional sobre la financiación del transporte urbano en el interior del país.

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