Reforma a la Ley de Salud Mental avanza: internaciones obligatorias y prohibición de manicomios

La bancada oficialista de la Cámara de Senadores confirmó este viernes que alcanzó el consenso necesario para dictaminar la reforma a la Ley de Salud Mental. El proyecto, que será tratado en el recinto la próxima semana, mantiene la prohibición de crear manicomios y, a la vez, introduce la internación involuntaria bajo estrictas condiciones de riesgo. En la rueda de prensa, las senadoras Patricia Bullrich, Nadia Márquez e Ivanna Arrascaeta explicaron los principales cambios y subrayaron la devolución del financiamiento federal a las provincias.

Consenso en el Senado y los cambios clave

El borrador definitivo, elaborado tras intensas negociaciones entre diversas bancadas y los ministros de salud provinciales en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), incorpora una serie de modificaciones sustanciales al texto original del Poder Ejecutivo. Entre los ajustes más relevantes destaca la eliminación de la propuesta que permitía reabrir instituciones monovalentes o manicomios, reforzando el esquema de desmanicomialización que se estableció con la normativa de 2010. Asimismo, la ley amplía su cobertura a todas las adicciones, incluyendo la ludopatía, y reconoce la figura de las directivas anticipadas para que los ciudadanos declaren su consentimiento o rechazo a futuros tratamientos.

Internaciones involuntarias: cómo funcionará el nuevo esquema

El punto más polémico de la iniciativa es la autorización de la internación involuntaria cuando el paciente no pueda tomar decisiones y exista un peligro real para él o terceros. La normativa exige que la evaluación sea firmada por un psiquiatra o profesional de salud mental, junto a un segundo firmante, preferentemente un psicólogo. En casos de urgencia, la revalidación interdisciplinaria tendrá un plazo de 48 horas, ampliado desde las 24 horas anteriores. Además, para menores se crearán equipos de atención infanto‑juveniles y se habilitará la teleconsulta sincrónica en zonas de difícil acceso.

Financiación provincial y nuevas directivas anticipadas

En el marco de las negociaciones con los gobernadores, el oficialismo acordó reincorporar la obligación del Estado nacional de brindar asistencia técnica y financiera a las provincias para la puesta en marcha de la ley. Esta cláusula es esencial para los hospitales públicos del interior, que deberán absorber la creciente demanda de atención psiquiátrica. La reforma también introduce la figura de las directivas anticipadas, garantizando que los ciudadanos puedan expresar su voluntad respecto a tratamientos futuros, y prevé la intervención de oficio del Órgano de Revisión en internaciones que superen los 180 días.

Ampliación del abordaje integral de adicciones

Con la reforma, la cobertura estatal se extiende a todo tipo de adicciones, no solo a las vinculadas al consumo de estupefacientes. La inclusión de la ludopatía, por ejemplo, abre la puerta a programas de prevención y tratamiento en casinos, salas de bingo y plataformas de juego online, sectores que en los últimos años han registrado un notable incremento de casos problemáticos en la provincia de Córdoba. Los equipos multidisciplinarios deberán contar con psicólogos, trabajadores sociales y médicos especializados para abordar la complejidad de estas conductas.

Un vistazo histórico a la salud mental en Córdoba

La provincia de Córdoba ha sido pionera en la desmanicomialización. Desde la clausura del antiguo Hospital de Manicomios de la Ciudad en 2012, la gestión provincial ha apostado por la atención comunitaria, impulsando centros de salud mental integrados en hospitales generales y unidades móviles que llegan a áreas rurales. Sin embargo, la falta de recursos y la escasez de profesionales especializados siguen siendo retos críticos. La devolución del financiamiento federal, prevista en la reforma, podría significar una inyección de fondos que permita ampliar la red de servicios y reducir la sobrecarga de los hospitales públicos.

Desafíos y perspectivas para la sociedad cordobesa

Para la ciudadanía, la reforma trae consigo una mezcla de esperanzas y preocupaciones. Por un lado, la prohibición definitiva de los manicomios representa un avance en derechos humanos y en la dignidad de las personas con trastornos mentales. Por otro, la posibilidad de internaciones involuntarias genera inquietud entre organizaciones de defensa de pacientes, que temen abusos o criterios arbitrarios. La exigencia de un equipo interdisciplinario y la intervención del Órgano de Revisión buscan equilibrar la protección del individuo con la necesidad de actuar en situaciones de riesgo.

Lo que viene: próximos pasos en el Congreso

Las comisiones de Legislación General y de Salud del Senado se reunirán este jueves para firmar formalmente el texto acordado. Si se alcanza el quórum necesario, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, donde se espera un debate intenso dado el carácter sensible de la internación involuntaria. Mientras tanto, los gobiernos provinciales, incluidos los de Córdoba, están preparando planes de implementación para adaptar sus estructuras sanitarias a los nuevos requisitos.

Conclusiones y reflexiones finales

La reforma a la Ley de Salud Mental marca un hito en la política sanitaria argentina. Mantiene la ruta de desmanicomialización que comenzó hace más de una década, pero incorpora mecanismos de internación que pretenden proteger a quienes no pueden decidir por sí mismos. Para Córdoba, la recuperación del financiamiento federal y la ampliación del abordaje de adicciones pueden traducirse en una mejor cobertura y en la posibilidad de fortalecer la atención comunitaria, un modelo que la provincia ha intentado consolidar con resultados mixtos. El debate que seguirá en el Congreso será decisivo para definir cómo se equilibrarán los derechos individuales con la responsabilidad del Estado en materia de salud mental.

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