Universitarios cordobeses exigen un aumento del 34 % para recuperar el poder adquisitivo perdido en 2023

Este jueves la comunidad universitaria de todo el país volverá a las calles, convocada por la quinta Marcha Federal Universitaria, para reclamar la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que el gobierno nacional lleva casi un año sin cumplir. En Córdoba, la secretaria general de ADIUC, Leticia Medina, explicó que, para volver al nivel de poder adquisitivo de noviembre de 2023, los docentes y el personal no docente necesitarían un aumento salarial del 34 % y, en el caso de los preuniversitarios, del 43 %.

Una caída histórica del salario real

Según los cálculos de ADIUC, la pérdida salarial no es una simple cuestión de números, sino una erosión acumulada que afecta a toda la cadena educativa. “Si nos remontamos al mejor salario que tuvimos en los últimos diez años, en agosto de 2015, necesitaríamos un aumento del 94 % para recuperar ese poder adquisitivo”, puntualizó Medina. La falta de financiamiento ha provocado recortes en bonos, congelación de salarios y la aplicación de decretos que, según el gremio, persiguen a los trabajadores de la universidad pública.

Un frente amplio de reclamos sociales

Lo que hace especial a la marcha de este año es la convergencia de varios sectores: jubilados, personas con discapacidad, deudores morosos y defensores de la Ley de Tierras se suman a la protesta universitaria. “No es solo una cuestión de la universidad, es una defensa de la soberanía nacional, de la democracia y de los recursos naturales”, afirmó Medina. La convocatoria se inscribe en un contexto de creciente tensión entre la gestión de Javier Milei y amplios sectores de la sociedad que perciben un proyecto de país orientado al desmantelamiento del Estado social.

Expectativas y estrategias frente al Gobierno

ADIUC no alimenta esperanzas de que el Ejecutivo cambie de postura. “La política de ajuste es intencional y forma parte de un proyecto de país”, dijo la dirigente. Sin embargo, la organización apuesta a que la presión social, combinada con la resonancia en la Justicia y el Congreso, pueda obligar al gobierno a restituir el presupuesto universitario y a derogar el DNU 70/23, que según ADIUC, permite ajustes sobre jubilados y personas con discapacidad.

Los pasos siguientes después de la marcha

Tras la movilización, ADIUC planifica una Asamblea General de afiliados y, posteriormente, el Congreso de CONADU, el órgano que reúne a todos los gremios de base de las universidades públicas. “Esta pelea va a seguir el año que viene porque el gobierno está decidido a ahogar a las universidades públicas”, advirtió Medina, señalando que la cuestión será un tema central en el proceso electoral de fin de año.

La justicia como aliada en la lucha

El último fallo de la Corte Suprema, que impuso multas diarias al jefe de Gabinete Diego Santilli por no aplicar la Ley 27795, es visto por ADIUC como una victoria judicial que evidencia la intencionalidad del gobierno contra la universidad. “La vía judicial nos ha permitido avanzar de forma frontal y demostrar que el Estado no solo ignora la universidad, sino que atenta contra la democracia”, sostuvo la secretaria.

Raíces de la lucha universitaria en Córdoba

La Universidad Nacional de Córdoba, fundada en 1613, es la más antigua de América Latina y ha sido históricamente un motor de pensamiento crítico y de transformación social. Desde la Reforma Universitaria de 1918, que surgió precisamente en la UNC, los estudiantes y docentes han sido protagonistas de movimientos que buscaban democratizar la educación y ampliar los derechos civiles.

En las últimas décadas, la universidad ha enfrentado oleadas de recortes presupuestarios y políticas de ajuste que, según los propios académicos, han puesto en riesgo la calidad de la enseñanza y la investigación. La crisis actual se inscribe en una línea de confrontación entre la visión de la universidad como espacio público y el proyecto de reducción del Estado que promueve la actual gestión.

El papel de ADIUC, creado en 1994 como sindicato de docentes e investigadores, ha sido fundamental para articular la defensa de la educación superior. Su experiencia en negociaciones colectivas y su capacidad de articular alianzas con otros sectores sociales le otorgan un peso político que, según sus dirigentes, será decisivo en la lucha por la restitución del presupuesto y la garantía de salarios dignos.

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