Paro universitario en Argentina: ADIUC calcula una pérdida salarial del 32% y reclama 4,5 salarios de deuda

El paro universitario convocado para este martes se inscribe en un conflicto que, según la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (ADIUC), acumula una pérdida salarial del 32% respecto de diciembre de 2023, sumada a una deuda equivalente a 4,5 salarios por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, que reúne a cientos de docentes y personal académico, busca presionar al Gobierno nacional para que reconozca la brecha salarial y reactive el presupuesto universitario que ha sido recortado de manera sostenida.

La estimación proviene del Observatorio del Salario y el Presupuesto de ADIUC, integrado por profesionales y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas. Según explicó la representante sindical Leticia Medina, los resultados fueron contrastados con otros observatorios gremiales y confirman que “lo que el Gobierno debería estar dándonos para tener el mismo poder adquisitivo de diciembre de 2023 es un 32% de aumento”. A esa recomposición se suma el efecto acumulado por la demora en la aplicación de la normativa: si la Ley de Financiamiento Universitario se hubiera aplicado desde su entrada en vigor, los trabajadores universitarios habrían acumulado ingresos equivalentes a 4,5 salarios adicionales.

Los sectores más golpeados por la caída salarial

La pérdida no se distribuyó de forma homogénea entre todas las categorías docentes. ADIUC señala que los trabajadores que se encontraban por debajo de la garantía salarial –el mecanismo que establece un piso mínimo de ingresos– fueron los más perjudicados. Durante aproximadamente un año, mientras la mesa paritaria permanecía suspendida, el Gobierno otorgó aumentos unilaterales que, según el gremio, quedaron por debajo de la inflación y no lograron modificar la garantía salarial. Como consecuencia, varios docentes que percibían el mínimo no recibieron aumentos efectivos, manteniéndose sus salarios por debajo del nivel de vida necesario.

El acuerdo alcanzado en junio, que contempló un incremento general del 21,3% aplicado también a la garantía salarial, representó, según Medina, “un poco más de un tercio” de la deuda acumulada. Si bien esa medida alivió parcialmente la presión, el déficit sigue siendo profundo y se traduce en una pérdida real de ingresos que afecta la capacidad de los docentes para sostener sus hogares y planificar su futuro.

Impacto presupuestario que trasciende la nómina

El reclamo sindical va más allá de la discusión salarial. ADIUC indica que alrededor del 90% del presupuesto universitario corresponde a salarios docentes y no docentes. En 2023, el gasto universitario representó el 0,70% del Producto Bruto Interno (PBI); para 2025, esa cifra cayó a 0,49% y, según el presupuesto aprobado en diciembre de 2026, se proyecta una reducción del 33,8% respecto de lo ejecutado en 2023. Los gastos de funcionamiento, por su parte, disminuyeron un 20,3% en el mismo período.

Esta merma presupuestaria ha provocado la paralización de obras de infraestructura, restricciones en proyectos de mejora académica y una caída en la inversión destinada a ciencia, tecnología y extensión. Los hospitales universitarios, que dependen de fondos estatales, también enfrentan dificultades para mantener su funcionamiento. En palabras de Medina, “se comprometieron las acciones básicas de las universidades: docencia, investigación y extensión”.

Los estudiantes sienten el rebote de estos recortes. Las becas estudiantiles se mantienen prácticamente congeladas en valores nominales, rondando los $35.000, y se han visto limitados los servicios de comedores, becas de apuntes, insumos para laboratorios y viajes formativos. Un caso concreto son los estudiantes de Biología que, al no contar con recursos, no pueden realizar prácticas en áreas de conservación de bosque nativo, poniendo en riesgo la continuidad de proyectos de investigación ambiental.

Críticas al Gobierno y la estrategia de desconfianza

ADIUC sostiene que el Gobierno ha adoptado una política de ataque a las universidades que combina el ajuste presupuestario con cuestionamientos públicos a las instituciones y sus trabajadores. Entre los ejemplos citados por Medina se encuentran acusaciones de malversación de fondos, auditorías anunciadas sin fundamento, denuncias de supuesto adoctrinamiento y críticas a la eficiencia de las universidades y a la cantidad de graduados.

Según la dirigente, estas acciones forman parte de una estrategia destinada a erosionar la confianza social en las universidades públicas, debilitando su autonomía y su capacidad de generar conocimiento crítico para el desarrollo del país.

Próximas jornadas de lucha y la marcha federal

El paro universitario de este martes es solo el primer tramo de un plan de lucha que continuará con una jornada nacional de clases públicas el 15 de septiembre y un acto frente al Palacio Pizzurno el 17, coincidiendo con una nueva instancia paritaria. Mientras tanto, el Frente Sindical Universitario avanza en la organización de la quinta Marcha Federal, prevista para la primera semana de octubre. ADIUC insiste en que el paro se mantendrá hasta que los gremios obtengan una nueva propuesta salarial y respuestas claras sobre el financiamiento del sistema universitario.

Historia reciente de la financiación universitaria en Córdoba

La Universidad Nacional de Córdoba, fundada en 1613, ha sido históricamente un referente de la educación superior en Argentina. Sin embargo, desde la crisis económica de 2018, los presupuestos asignados a la institución han experimentado recortes sucesivos, lo que ha generado una creciente preocupación entre docentes y estudiantes. La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2020, buscaba estabilizar los ingresos y garantizar la calidad académica, pero su aplicación ha sido lenta y parcial.

En los últimos cinco años, el gasto público destinado a la educación superior ha disminuido en promedio un 2,5% anual, mientras que la inflación ha superado el 50% en varios periodos. Esta brecha ha provocado que los salarios reales de los docentes universitarios se erosionen, generando una fuga de talento hacia el sector privado o el exterior. La falta de inversión también ha limitado la capacidad de la UNC para mantener sus laboratorios, bibliotecas y hospitales universitarios, afectando directamente la calidad de la investigación y la atención a la comunidad.

El contexto nacional se combina con desafíos locales: la provincia de Córdoba ha intentado compensar parte del déficit mediante fondos provinciales, pero la magnitud del problema supera los recursos disponibles. En este escenario, la movilización de ADIUC y de los estudiantes cordobeses representa una respuesta organizada para exigir una política pública que reconozca la universidad como motor de desarrollo social y económico, y no como una víctima de ajustes estructurales.

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