Suspensión de pensiones por invalidez: la Defensoría del Pueblo de Córdoba brinda asistencia urgente

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba activó de inmediato sus líneas de atención para acompañar a los afiliados que se vieron afectados por la repentina suspensión de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral, medida dictada por el Gobierno nacional a través de la Resolución 3695/2026.

¿Qué implica la Resolución 3695/2026?

Esta normativa, emitida por la Secretaría Nacional de Discapacidad, anuló la Resolución 13901/2025 que había sido establecida en octubre del año pasado tras un amparo colectivo del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca. La resolución anterior obligaba al Estado a restituir las pensiones suspendidas; la nueva disposición, en cambio, vuelve a dejar sin efecto más de 21.800 prestaciones en todo el territorio nacional, manteniéndolas bajo auditoría mientras se decide su futuro.

El cambio legislativo no solo afecta a los beneficiarios a nivel federal, sino que genera una cascada de incertidumbre en cada provincia, y en Córdoba la situación se vuelve aún más delicada por la alta concentración de personas que dependen de este subsidio para cubrir gastos médicos, de vivienda y alimentación.

Cómo presentar el reclamo en 60 días

La Defensoría del Pueblo informó que los usuarios tienen un plazo de sesenta días para presentar la documentación requerida y solicitar la rehabilitación de la prestación. El proceso no se realiza a través de la ANSES, sino que los reclamos deben dirigirse a la Secretaría de Discapacidad, a las agencias del PAMI, a la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o mediante el formulario de consultas del Ministerio de Salud.

Se recomienda a los afectados recopilar copias de sus documentos de identidad, constancia de la pensión, certificados médicos y cualquier notificación recibida del organismo que haya comunicado la suspensión. Con estos papeles en mano, podrán iniciar el trámite por cualquiera de los canales habilitados, evitando demoras y posibles rechazos por falta de información.

Canales de atención de la Defensoría en Córdoba

Para que los cordobeses no queden a la deriva, la Defensoría puso a disposición varios medios de contacto:

• Línea gratuita: 0800 777 0337
• Atención Ciudadana: 351 5331770
• Atención Ciudadana (segunda línea): 351 5324625

Los operadores están preparados para orientar sobre el estado de la pensión, verificar si la persona está alcanzada por la normativa y explicar paso a paso los trámites necesarios para intentar la rehabilitación. Además, se insta a los usuarios a mantener actualizados sus datos de contacto, ya que cualquier notificación oficial llegará a través de los canales registrados.

Tras la tormenta: antecedentes de la política de pensiones en Argentina

La suspensión de las pensiones por invalidez no es un hecho aislado. Desde la década de los 90, el sistema de seguridad social argentino ha experimentado múltiples reformas, a menudo motivadas por crisis fiscales y presiones de organismos internacionales. Las pensiones no contributivas, creadas para cubrir a quienes no pueden trabajar por razones de salud o discapacidad, se han convertido en un punto de tensión entre la necesidad de proteger a los más vulnerables y la búsqueda de equilibrar el presupuesto nacional.

En 2018, el gobierno federal lanzó el Programa de Inclusión Social, que incluía la ampliación de las PNC, pero la recesión económica y la posterior devaluación limitaron la capacidad de financiamiento. En 2022, una serie de fallas en la auditoría de la ANSES revelaron irregularidades en la asignación de beneficios, lo que llevó a la Corte Federal a ordenar la restitución de pensiones suspendidas en varios casos, incluyendo el amparo colectivo de Catamarca que dio origen a la Resolución 13901/2025.

Hoy, la medida de la Resolución 3695/2026 vuelve a poner en el centro del debate la sostenibilidad del gasto público en prestaciones sociales. En Córdoba, donde la tasa de discapacidad supera la media nacional, la suspensión tiene un impacto directo en la calidad de vida de miles de familias. Organizaciones locales como la Asociación de Personas con Discapacidad de Córdoba (APDC) ya anunciaron movilizaciones y la presentación de recursos judiciales para intentar frenar la medida.

El panorama muestra que, más allá del trámite inmediato, es necesario un diálogo amplio entre el Estado nacional, las provincias y la sociedad civil para diseñar un modelo de pensiones que garantice la cobertura a largo plazo sin comprometer la estabilidad fiscal. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo de Córdoba se mantiene como un punto de apoyo esencial para los ciudadanos que buscan información y soluciones rápidas ante la incertidumbre.

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